Berkeley Minera rechaza públicamente las afirmaciones que recientemente han realizado varias organizaciones contrarias al proyecto, tratando de asimilar el proyecto de Berkeley con los problemas sufridos por empresas francesas en África y que resultan ser totalmente infundadas. “Queremos recalcar que el proyecto de Salamanca se desarrolla de acuerdo con las más altas normativas internacionales de salud, seguridad y medio ambiente”, han comentado desde Berkeley.
Hasta la fecha, el proyecto ha recibido más de 100 informes favorables y permisos. Además, la compañía ostenta los certificados de Gestión Minera Sostenible (UNE22470 / UNE22480) y de Gestión Ambiental (UNE-EN-ISO 14001) emitidos por AENOR, organismo independiente del Gobierno, que aseguran que se cumplen todos aquellos controles que son de aplicación.
El proyecto ha sido analizado minuciosamente por diferentes órganos administrativos a todos los niveles: Unión Europea, Administración Estatal (autorizaciones emitidas por la Confederación Hidrográfica del Duero, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de Retortillo.
El Consejo de Seguridad Nuclear, órgano competente para evaluar cualquier impacto potencial sobre la salud de la población, llevó a cabo un extenso estudio que concluyó que, "según las estimaciones realizadas, la explotación minera y el funcionamiento de la planta de tratamiento no tienen ningún impacto sobre la población por encima de los límites establecidos".
El proyecto de Salamanca está situado en una región histórica de minería de uranio. De hecho, la Mina Fe de Saelices el Chico, a 40 kilómetros, estuvo funcionando durante los años 1974 a 2000, sin que se produjesen ninguno de los impactos negativos citados por la oposición.
Francisco Bellón, director general de Berkeley Minera España, comentó: "Estamos haciendo una inversión de hasta 250 millones de euros en una región que tiene uno de los niveles más altos de desempleo en la UE y el año pasado perdió 25.000 personas. Los grupos opositores continúan intentando detener un proyecto que creará 2.500 empleos directos e indirectos con argumentos que carecen de fundamento alguno. Nuestros 68 empleados, muchos de los cuales provienen de Villavieja y Retortillo, se enfrentan a perder sus puestos de trabajo de forma completamente injusta campañas de este tipo, sin fundamento alguno y carentes de rigor, llegaran a tener éxito y detuvieran el proyecto”.
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