Miembros de la Plataforma ciudadana Stop Uranio y responsables del Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, mantuvieron este miércoles un encuentro para conocer de primera mano la información que posee el Instituto acerca de las consecuencias que tiene para la salud de las personas vivir cerca de instalaciones nucleares como la que pretende construir Berkeley en Retortillo.
El Director General del Instituto, Jesús F. Crespo, explicó que el Instituto no ha sido consultado sobre la instalación proyectada, “entendiendo perfectamente la preocupación que hemos manifiestado por la cercanía de la instalación minera y planta de beneficio de mineral a determinados núcleos de población”.
El doctor Crespo, asegura Stop Uranio, “concuerda con nuestra opinión de que se deben conocer los efectos de la instalación proyectada antes de que se ponga en marcha, no a los 10 años de su funcionamiento” por lo que los ha instado a solicitar a las autoridades competentes que el Instituto Carlos III efectúe un estudio del conocimiento científicotécnico que se tiene sobre las consecuencia para la salud de una instalación considerada de primera categoría dentro del ciclo de combustible nuclear por la normativa vigente en nuestro país.
Desde Stop Uranio se ha recordado el estudio realizado por investigadores del Instituto publicado en julio de 2001 sobre la mortalidad por cáncer registrada en las proximidades de centrales nucleares e instlaciones del ciclo de combustible nuclear en España.
En otros estudios, como el publicado por el doctor canadiense Dale Dewar (profesor asociado del Depertamento de Medicina Familiar de la Universidad de Saskatchewan), se afirma que la minería de uranio “tiene efectos generalizados, contaminando el medio ambiente con polvo radiactivo, gas radón, toxinas transportadas por el agua y mayores niveles de radiación de fondo”. Además, ese mismo experto, precisó Stop Uranio, también remarca que el cáncer de pulmón se relaciona con los mineros de uranio “por la exposición a la radiación”.
Por todo ello, la Plataforma vuelve a calificar de “sorprendente”, que en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, “la única consideración relativa a la salud de las personas viene recogida al final de la misma en estos términos: Contaminación radiológica. El titular de la explotación deberá poner en conocimiento del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Agencia de Protección Civil todo suceso del que potencialmente se derive contaminación radiológica”.
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