Nuevo encontronazo entre la oposición del Partido Popular de Ciudad Rodrigo y el equipo de gobierno, formado por Izquierda Unida y el Partido Socialista, en lo que se refiere a la contratación de los servicios de abogacía por parte de la entidad municipal para su defensa ante la impugnación de las ayudas para material escolar concedidas, según el PP, excluyendo a las familias que desean escoger la educación concertada.
De este modo, el Partido Popular de Ciudad Rodrigo ha informado este martes de haber solicitado al concejal de Hacienda los gastos por honorarios de profesionales, abogado y procurador, en el asunto relativo a las becas por material escolar, “ante la decisión del tripartito, en el año 2015, de excluir a los niños y familias de los colegios concertados de tales ayudas, lo que desencadenó en el pertinente litigio, conocido”.
Así, según revela el PP mirobrigense, el coste de honorarios ha sido de poco menos de 3.000 euros. “Un coste elevadísimo y que pone de manifiesto el capricho del tripartito sobre el asunto”, manifiestan al respecto. Concretamente, los honorarios del abogado han sido de 2.783 euros, y del procurador, de 126,59 euros. “Con ese dinero, sobradamente los niños y familias excluidos por pertenecer a la escuela concertada hubieran tenido su beca”, sostienen los populares.
El Partido Popular de Ciudad Rodrigo va más allá e insinúa que este dinero ha quedado en casa. “Sorprende, además este gasto como consecuencia de que la empresa que factura el servicio de Abogacía, de Salamanca, tiene sobradas conexiones con Izquierda Unida”. Acusan de este modo al equipo de gobierno de Izquierda Unida de encarecer la gestión municipal con su “caprichos ideológicos” y señalan también a el PSOE y Ciudadanos, “que no le ponen freno en sus desafortunados postulados”.
Según los ediles populares, en el curso 2016/2017, 32 niños y niñas de la escuela concertada pudieron beneficiarse de las ayudas municipales. “Con el importe de los honorarios satisfechos en el conflicto, todos esos niños, potenciales beneficiarios en el curso 2015/2016 de no habérsele excluido de la convocatoria, podrían haber disfrutado de la ayuda, y hubiera sobrado dinero; de no habérsele excluido en 2015”, sentencian.
El PP incide en que “el tripartito, formado por PSOE, IU y Ciudadanos, sigue dando prioridad a los niños de unos colegios frente a otros, en caso de empate, habiendo familias con necesidades en todos los colegios de nuestra ciudad, a pesar de la insistencia de nuestro grupo para que esta injusta discriminación siga vigente”.
El Ayuntamiento sostiene que contrata los servicios de abogacía en la localidad
Sin embargo, el equipo de gobierno del Consistorio de Ciudad Rodrigo no ha tardo en salir al paso de estas acusaciones que hace el grupo popular sobre la contratación de servicios legales para la defensa de sus intereses en el caso de las ayudas para material escolar. Mediante un comunicado, el alcalde ha querido precisar que “durante esta legislatura, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo contrata los servicios de abogacía y defensa jurídica con profesionales que disponen de despacho en la localidad”.
Así ha citado el despacho Azafranal Abogados, cuya placa puede observarse en la calle Medina, y ha añadido que es un despacho habitual del turno de oficio en los juzgados de Ciudad Rodrigo, agradeciendo sus servicios. “Este equipo de gobierno quiere destacar que seguirá contando con el asesoramiento jurídico de profesionales con despacho profesional en el municipio como criterio general, algo que difiere notablemente con respecto a la actuación de la anterior etapa de gobierno del PP”.
En este sentido ha puesto de manifiesto que “el Partido Popular tenía como abogado ‘principal’ a un profesional sin despacho en Ciudad Rodrigo, que además era integrante durante dicha legislatura del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular y cuyo despacho, de forma individual, a través de empresas o con un socio, facturó más de 50.000€ entre los años 2012 y 2016 en este Ayuntamiento”.
El equipo de gobierno también ha querido recordar que el procedimiento al que se hace referencia es iniciado por una entidad distinta del Ayuntamiento y en contra de éste. Es decir, que es el Ayuntamiento el demandado. “Ante esta situación, la obligación y la responsabilidad del Ayuntamiento es defenderse, especialmente cuando considera adecuada su actuación. La sentencia, firme, desestimó la demanda presentada por el AMPA y por tanto consideró apropiada la actuación municipal”, sostienen.
Por otro lado, también recuerda que el precio de un procedimiento contencioso administrativo ordinario para el Ayuntamiento suele ser siempre similar, con independencia del abogado y procurador que lo lleve. Además apunta que durante esta Legislatura se ha producido una bajada de los gastos jurídicos del Ayuntamiento, aportando los siguientes datos:
Gastos jurídicos
2012: 52,844€
2013: 63.136,51€
2014: 32.848,24€
2015: 21.802,42€
2016: 9.715€
2017 (a 12 de septiembre): 12.990€
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