Lisboa acoge este sábado una conferencia hispano portuguesa para solicitar el cierre definitivo de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). A este encuentro ha sido invitada la Plataforma ciudadana Stop Uranio para informar de las consecuencias que para el país vecino tendrá la apertura de la mina de uranio de Retortillo.
Han sido varias las ocasiones en las que los vecinos portugueses han mostrado preocupación por este proyecto minero. De hecho, en marzo de 2014 una delegación del partido de Os Verdes de Portugal, junto con antiguos trabajadores de la mina de Urgeiriça (distrito de Viseu), acudieron a un encuentro en Villavieja de Yeltes para informarse del proyecto e informarnos de las consecuencias que para la salud de los mineros y sus familias tuvo la explotación de uranio en Portugal (más de un centenar de muertos a consecuencia de la radiación recibida). En noviembre de 2015 el miembro del Consejo Ejecutivo de 'Os Verdes' de Portugal, Miguel Martins, acudió a las Cortes de Castilla y León, invitado por el procurador José Sarrión, para manifestar el malestar portugués por la apertura de una mina de uranio, con su planta de beneficio de mineral, a 30 km. en línea recta de la frontera.
Esta inquietud ha llegado al gobierno luso por medio de los diputados del partido ecologista que apoyan al actual ejecutivo del país vecino. Por ello, en septiembre de 2016 el Ministro do Ambiente portugués, Sr. João Pedro Matos Fernandes, informa a los parlamentarios que se ha requerido al gobierno español información sobre el proyecto minero.
La Agência Portuguesa de Ambiente ha manifestado que el proyecto de explotación minera de uranio “era susceptible de tener efectos ambientales significativos en Portugal” por la cercanía a la frontera portuguesa, en “atención a la dirección de los vientos”, y, especialmente, por la posible contaminación de las aguas del río Yeltes, afluente del Duero del que se nutren “aproximadamente dos millones de personas y riega todo el Douro Vinhateiro”.
En 2008 se firmó un Protocolo de actuación entre el Reino de España y la República Portuguesa en aplicación de las evaluaciones ambientales de planes, programas y proyectos con efectos transfronterizos. La Junta de Castilla y León, critica Stop Uranio, “no tuvo en cuenta esos efectos más allá de nuestra frontera y ahora Portugal reclama la posibilidad, en aplicación de ese protocolo, de abrir un plazo de información pública en su territorio para que se puedan presentar alegaciones por el público interesado y todas las entidades a quienes el proyecto pueda interesar”.
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