La Asociación de Perjudicados por el Crematorio delCamino del Cementerio 54 expresa su “indignación” por la sucesión deacontecimientos en torno a la problemática sobre este crematorio-velatorio. En un principio, los vecinos que mostraron su descontentopor la instalación de este crematorio recibieron la indiferencia total delequipo de gobierno del Ayuntamiento en aquel momento, en 2013, según señala laAsociación.
Ante esta postura, los vecinos apuntan que “no hubomás remedio que, agotados todos los recursos, acudir a la vía judicial”. Larazón se dio a los vecinos sentencia tras sentencia, según señalan. Lejos derecibir las disculpas y resolver los problemas creados, los vecinos dicen que seencontraron que, en lugar de verse apoyados, el ayuntamiento recurrió lassentencias defendiendo los intereses de una empresa. Así mismo, se han tenidoque abonar elevadas costas judiciales con cargo a las arcas públicas, aparte delos gastos que hayan supuesto la interposición de los diferentes recursos, comoapunta la Asociación.
Por otro lado, los vecinos dicen no entender que elactual equipo de gobierno del Ayuntamiento haya retrasado la petición deinformes técnicos pertinentes para resolver las alegaciones realizadas tras lavotación de agosto y el retraso para presentar este asunto tanto a la Comisióncomo al Pleno Ordinario.
Tampoco encuentran explicación, continúan, a laactividad de incineraciones y velatorios de esta empresa. Teniendo en cuentaque el propio Ayuntamiento decretó la revocación de las licencias a finales delmes de enero de 2018, inexplicablemente este establecimiento ha continuado consu actividad a la vista de todos los vecinos, celebrando velatorios yrealizando incineraciones.
Precisamente, recientemente varios vecinosobservaron el funcionamiento del horno crematorio al ver salir humo de suchimenea, solicitando la presencia de una patrulla de la Policía Local para quefueran testigos de su funcionamiento. Cabe recordar que en abril, elAyuntamiento fue notificado por parte del Tribunal Superior de Justicia deCastilla y León a través de una sentencia ejecutoria “el cese de la actividaddesarrollada en las instalaciones de autos, conel consecuente cierre y precinto del crematorio-velatorio".