El procurador salmantino, David Castaño, y el portavoz de la Diputación de Ciudadanos, Manuel Hernández, han presentado las medidas que, gracias a su acuerdo con el Partido Popular, podrán llevar a cabo en este 2018.
El principal objetivo de la formación naranja en la provincia es frenar la despoblación y el envejecimiento, por eso, proponen invertir 100.000 euros en un estudio para diagnosticar el caso específico de Salamanca y así trazar una hoja de ruta y evaluar los recursos disponibles “para crear las condiciones necesarias para que los jóvenes se queden”.
Además, de las nueve enmiendas que propusieron, cuatro ya se están evaluando para este 2018. Dos de ellas se van a ejecutar lo antes posible: la instalación de guardarraíles y de señales en los caminos vecinales. En concreto, la carretera que conecta La Alberca y Sotoserrano será la primera en la que se coloquen esos guardarraíles próximamente.
Hay dos medidas pendientes de aprobación. La primera pide la instalación de cargadores eléctricos para vehículos en puntos estratégicos, que está a la espera del estudio de viabilidad. La segunda requiere la incorporación de entre 100.000 y 200.000 euros para el Plan de Turismo, que dura desde 2017 hasta 2019. Entre las medidas a las que no han llegado a un acuerdo con el PP, y por tanto, no están aprobadas, están el saneamiento de las redes de abastecimiento y la compra de desfibriladores.
Por otra parte, también han incluido al sector agrario y ganadero salmantino: “Salamanca no es Burgos, Salamanca no es Valladolid, tenemos que crear estrategia en este sentido”. Para potenciarlo quieren que haya un paso de mercado regional de ganados a un mercado nacional, de manera que la cotización sea también nacional. La medida estrella es la estrategia en bioeconomía, agricultura y ganadería que propone una economía circular en el sector.
Con respecto a la sequía, proponen aumentar las ayudas y sumar esfuerzos para el sector forestal. Quieren recuperar el Plan 42 de formación, la incorporación de drones para la vigilancia de terrenos amplios y, por último, la aprobación de un plan forestal para que haya una figura jurídica que gestione los minifundios.