El Ayuntamiento de Villares de la Reina ha emprendido esta semana un Plan de Limpieza integral del Polígono industrial. Así, empleados municipales retiran toneladas de enseres acumulados en todas sus calles a un ritmo de nueve camiones diarios, lo que da una idea del estado en el que se encontraba.
El concejal de Comercio y Desarrollo Empresarial, Antonio Malmierca, explica que los trabajos se complementarán a partir de ahora con el mantenimiento semanal del área industrial por parte de los empleados municipales con el objetivo de evitar la acumulación de residuos. En ese sentido, llama a la responsabilidad ciudadana ?pues no puede ser que pocas horas después de que se limpie una calle descubramos que alguien ha vuelto a dejar en ella muebles o colchones?. Para eso, recuerda, existen servicios de retirada y Puntos Limpios.
Las conductas incívicas pueden ser sancionadas, en el marco de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, con multas entre 300 y 3000 euros en función del tipo de residuo arrojado.
También se recuerda a los propietarios de terrenos industriales su deber de tenerlos desbrozados y limpios de suciedad, a fin de evitar que el Ayuntamiento proceda a ejecutar una ejecución subsidiaria. Por el momento, el Consistorio ha advertido a cinco empresas de que han de retirar los enseres acumulados en terrenos de su propiedad.
Casco urbano
En esta misma línea, el Ayuntamiento está tramitando 25 expedientes de limpieza, desbroce y/o vallado en el casco urbano al tratarse de terrenos principalmente de los nuevos sectores sin edificar sobre los que los vecinos reclamaban desde hace años su adecuación y la retirada de algunos escombros ante el riesgo de propagación de incendios y plagas.
Desde el Consistorio explican que más de la mitad de los propietarios ya han cumplido voluntariamente aunque en el resto de casos será necesario acudir a la ejecución subsidiaria y el posterior cobro al titular. En algunos casos, y como ya sucede en el resto de municipios de Salamanca con una ordenanza similar, el procedimiento se alarga por la existencia de embargos o las complicaciones para determinar la titularidad de los terrenos, lo que obliga a realizar gestiones catastrales y registrales.