El Partido Popular de Santa Marta ha presentado una moción que llevará al próximo pleno en la que aboga por la defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución.
La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Marta, Chabela de la Torre, defiende en esta moción que “los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Ese papel no puede ser sustituido ni condicionado por el Estado, al contrario, los padres deben tener la seguridad de que el Estado les protege y garantiza sus derechos”.
Asimismo la edil señala que “la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, algo que no fue una decisión casual, sino que respondió a la voluntad de los constituyentes para que ambos derechos se encontrasen en un plano de igualdad y fundamental.
En este sentido, a lo largo de los 40 años de vigencia de la Constitución, las reformas educativas han defendido ambos derechos, desarrollados y reafirmados también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No obstante, el último proyecto de ley del partido socialista-la llamada LOMLOE-cuestiona el primer gran pacto educativo de las Transición al intentar limitar las libertades educativas reconocidas en la Constitución”.
Chabela de la Torre apunta también que “las recientes manifestaciones de la ministra de Educación, que establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos han generado una gran alarma social por cuanto cuestionan que los padres puedan elegir la educación de sus hijos, algo que se materializa cuando las familias eligen un centro educativo y no otro. Ignora también la ministra que el Art 27. 3 de la Constitución Española establece con claridad que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Por este motivo desde el PP lanzan una propuesta de acuerdo en la que se plantea “respetar y defender la Constitución Española y la jurisprudencia que sitúan en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza; garantizar que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos; defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional".
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