El Pleno del mes de septiembre en el Ayuntamiento de Villamayor resultó especialmente agitado con un segundo tramo, el del capítulo de ruegos y preguntas, durante el que por momentos se calentaron bastante los ánimos.
Hasta ese instante, Gobierno y oposición habían aceptado la renuncia del edil socialista José Antonio Belda, que abandona el Ayuntamiento por motivos personales y abre de esta forma las puertas a la siguiente persona de la lista del PSOE, Naxalí Lozano.
De igual forma se dio luz verde al hecho de que el edil José Martín pase a ser concejal no adscrito una vez presentada su renuncia a UPyD, partido que le había apartado de militancia y tramitaba su expulsión en el momento en el que el edil presentó su renuncia. En este caso se produjo cierta controversia al espetar el PP al Teniente de Alcalde y concejal de Economía y Hacienda que actúa movido por intereses personales, un reproche ante el que Martín respondió explicando la cronología de los hechos que finalmente terminaron con su salida de la formación magenta.
Antes de llegar a la parte de más debate, los concejales también mostraron su acuerdo para adherirse al convenio sobre la ley de transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias, ?que ofrece, en este sentido, un servicio más completo que Regtsa?, aclaró el concejal José Martín ante las dudas del PP. La medida exigirá la contratación de un técnico.
El Reglamento sobre el funcionamiento de la Escuela de Música también salió adelante aunque con la abstención del PP. Supuso el preludio de la entrada en la parte en la parte más tensa de la sesión plenaria y se inició con el ruego del portavoz de Ciudadanos -ausente en esta sesión- Luis Holgado Lopo, quien pide ?que el alcalde disponga lo necesario para que todos los ediles que tienen dedicación y sueldo fichen?, una medida rechazada por el propio regidor municipal que, como ya explicara hace unos días en SALAMANCA24HORAS, considera que tanto él como los concejales con algún tipo de complemento por dedicación desempeña correctamente su labor. Además, el concejal de Ciudadanos solicitaba la dimisión de Félix Rodríguez ?al existir denuncia en el juzgado por falsificación de firma y usurpación de identidad?, un extremo que volvió a ser puesto en entredicho por el alcalde, Manuel Gago, y el propio edil, quienes argumentaron la inexistencia de tal denuncia y, por tanto, que hubiera sido admitida a trámite al tiempo que desde el PP se mostraba a los presentes una citación en la que se insta al administrador de Ganemos Villamayor, Abel Carrasco, a ratificarse -el próximo 8 de octubre- en los términos de una denuncia por falsedad documental. Cree Luis Holgado que ?se está dando una imagen lamentable a la ciudadanía y que un edil en esta situación no ofrece confianza para el ejercicio de dicho cargo?. Félix Rodríguez explicó que la denuncia que sí sigue su curso es la interpuesta por él por presuntas amenazas y acoso, que le llevará a declarar el próximo 20 de octubre.
El tono de tensión se mantuvo cuando desde el Partido Popular entraron a fiscalizar la labor del equipo de Gobierno respecto a las actividades culturales, cuyo inicio se ha retrasado un mes debido a un déficit que el concejal de Economía y Hacienda, José Martín, cifra en la actualidad en cerca de 80.000 euros.
"No tienen capacidad de trabajo"
El exalcalde Ángel Peralvo hizo alusión a varias partidas en las que hay liquidez que, a su juicio, hubiera permitido que el inicio de las actividades tuviera lugar, como de costumbre, el 1 de octubre en vez del 1 de noviembre. ?No es que no tengan dinero, lo que no tienen es capacidad de trabajo?, reprochó al equipo de Gobierno desde el que se recordó que siguen apareciendo facturas pendientes y diversos gastos no consignaos además de remarcar que no tienen intención de tocar el área de Acción Social pese a l superavit de 42.000 que presenta ?ante las posibles necesidades futuras que se den en esa área?.
El futuro del Camino Escolar fue otro de los puntos de fricción. Ante las criticas de la oposición, desde el equipo de Gobierno, que el pasado 11 de septiembre habló de ?supresión del servicio? para reorientarlo, entienden que se había desvirtuado respecto a su nacimiento y exige ahora una mayor implicación de la sociedad que permita, además, trabajar en aspectos como la formación del niño y su integración en la ciudad. Por el mismo dinero (21.000 euros el primer año, 14.850 el segundo) ?se pueden hacer muchas más cosas?, aseguró la concejala María Cuesta.
Aquel 11 de septiembre, el equipo de Gobierno planteó ante los medios de comunicación la posibilidad de reunirse con los padres que lo utilizaban ?para intentar que sea algo más comunitario? de manera que pueda seguir prestándose aunque con la colaboración voluntaria de padres y madres.
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