Los representantes de los concejos de España se reunieron con el fin de establecer un cauce de diálogo en contra del anteproyecto de ley, además de establecer un cauce de diálogo entre todas las organizaciones que representan a las entidades locales menores y trasladar al Gobierno las líneas rojas que las definen. Éstos son los objetivos con los que se reunió en León la Federación Nacional de Concejos de España, donde participaron los representantes de los concejos de Álava, Asturias, Burgos, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Palencia, Salamanca, Soria, y León, provincia en la que existen 1.335 entidades.

Durante esta primera gran reunión "en siglos", según el portavoz de las Federaciones de Entidades Locales Menores y secretario de la organización leonesa, Carlos González Antón, sus asistentes unificaron criterios en contra del anteproyecto de ley, que podría acabar con la existencia de los concejos. "Queremos una legislación básica estatal que sea protectora de las entidades y que les de su verdadera dimensión, eficacia y funcionalidad", manifestó González.

Entre las conclusiones sacadas consideraron claramente contrario al derecho la supresión de estas entidades por no cumplir a tiempo con las obligaciones contables. "El anteproyecto de ley supone una clara vulneración de la Constitución, sobre todo en el artículo 14, el de la igualdad", indicó el secretario de la organización palentina, Carlos Lamalfa. Asimismo, el representante de la agrupación de entidades de Cataluña, Carlos Puig, manifestó que suprimir los concejos refuerza la coartada del Gobierno. "Europa ha pedido a España que reduzca administraciones y la mejor manera es cargarse estas 3.500 administraciones", indicó Puig.

El procurador leonés del PP, Javier García Prieto, también quiso mostrar su rechazo ante la reforma local. "El anteproyecto de ley es una falta de conocimiento muy real de lo que son las juntas vecinales, las pedanías y el mundo rural», lamentó García Prieto, quien destacó a estas entidades por su valor histórico, su defensa de la democracia popular, así como por colaborar con «la protección del medio ambiente y la conservación del patrimonio natural". Tras el encuentro, las entidades aseguraron que exigirán ante las instituciones y jurisdicciones europeas el cumplimiento de la Carta Europea de la Autonomía Local.

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