El sindicato CSI-F, mayoritario en el sector de Justicia, y que viene expresando desde hace meses su rotundo rechazo a la privatización del Registro Civil, con concentraciones y recogida de firmas, insiste en destacar “la importancia de que que sean las propias corporaciones las que exijan la continuidad de los registros civiles, por tratarse de un servicio básico, próximo al ciudadano y que debe ser público. Aunque algún municipio ya ha aprobado la moción solicitada, CSI-F remarca que “resulta clave que todos los ayuntamientos expresen con claridad su deseo de que el Registro Civil siga ofreciendo su servicio. Es importante que los ayuntamientos defiendan el actual modelo de los registros civiles, dependientes del Ministerio de Justicia”, remarca la responsable autonómica del sector de Justicia de CSI-F Castilla y León, María Jesús Zamorano.
CSI-F asegura que el servicio del Registro Civil “ha sido ejemplar en materia de seguridad jurídica, en beneficio de todos los ciudadanos de Castilla y León, desde 1.870”. Igualmente, María Jesús Zamorano explica que el “Registro Civil versa sobre personas y no sobre cosas, como el de la Propiedad o el Mercantil. Su régimen jurídico es, por este motivo, distinto. La confidencialidad es una de sus máximas, algo que queda garantizado con una gestión dependiente de Justicia”. “Si este modelo actual ofrece unas garantías jurídicas y de confidencialidad que no las puede ofrecer la empresa privada, si el servicio funciona, si encaja bien en las necesidades y en la estructura administrativa, y si es cómodo y útil para el ciudadano, ¿por qué cambiarlo?”, se pregunta la representante del sector de Justicia de CSI-F en Castilla y León.
CSI-F defiende “un Registro Civil único en su gestión, modernizado, informatizado e interconectado, un Registro Civil centrado en las personas, accesible al ciudadano y, para ello, descentralizado en su funcionamiento, aprovechando la red de partidos judiciales y los Juzgados de Paz existentes en esta Comunidad, que suman 154 Agrupaciones de Paz y 65 partidos judiciales, definiendo su demarcación y mejorando su organización interna”. “Un simple cambio legal permitiría mañana mismo, a cualquier Registro Civil, certificar una inscripción digitalizada realizada en cualquier otro Registro Civil, ahorrando tiempo y dinero para el ciudadano y para el servicio público, que podría emplear esos recursos en otras tareas”, añade Zamorano.
“Con los cambios que plantea Justicia, la accesibilidad al ciudadano del Registro Civil se entorpece. Actualmente hay en Castilla y León 2.250 municipios con Registro Civil, en 154 agrupaciones de juzgados de paz, nada que ver con el número de registros mercantiles existentes. El traspaso de las competencias del Registro Civil a los registradores de lo Mercantil, deja en una situación de incertidumbre a unos 500 funcionarios en Castilla y León”, afirma. Ávila cuenta ahora con 13 agrupaciones de paz y 248 municipios con registro civil; Burgos 17 agrupaciones y 371 municipios con registro civil, León 33 agrupaciones y 211 municipios con registro, Palencia 12 agrupaciones y 191 municipios con registro civil, Salamanca 22 agrupaciones y 362 municipios con registro, Segovia 14 agrupaciones y 209 municipios con registro, Soria 10 agrupaciones y 183 municipios con registros, Valladolid 17 agrupaciones y 225 municipios con registro, y Zamora 16 agrupaciones de paz y 248 municipios con registro civil.
En el mes de septiembre, el sindicato independiente CSI-F continuará con diversas movilizaciones y actuaciones para defender la continuidad del Registro Civil, que se conocerán más adelante, para terminar -previsiblemente-, con una huelga en los registros civiles de España, que se convocará con otros sindicatos. De manera paralela a esta campaña de movilizaciones, contra la privatización del Registro Civil, CSI-F va iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y con el Defensor del Pueblo, para promover un recurso de inconstitucionalidad contra esta decisión, “además de estudiar todas las medidas legales que estén a nuestro alcance para detener ‘in extremis’ este proceso de privatización”, insiste el sindicato independiente.
CSI-F también está en conversaciones con el colectivo de trabajadores dependientes de los registros mercantiles y de la propiedad, que se ven afectados también por el proceso de fusión de registros que planea el Ministerio de Justicia, para que se sumen a las protestas y de esta manera promover una movilización global en los registros civiles y mercantiles de toda España. Por otra parte, CSI-F teme que la privatización del Registro Civil afectará a la gratuidad del servicio público, “aunque en este momento el Ministerio lo niegue. Posiblemente, se establecerán futuros aranceles que recaerán en los bolsillos de los ciudadanos”. El recién aprobado Real Decreto-ley 8/2014 de 4 de julio, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, fija para el 15 de julio de 2015 la fecha de aplicación y entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, sobre la reforma del Registro Civil, que el Gobierno ya había retrasado una primera vez. “Un tiempo que tenemos que aprovechar, para convencer al Ministerio y al Gobierno de que la privatización del Registro Civil, y el traspaso de sus competencias a los registradores de lo Mercantil no es la mejor solución”, concluye CSI-F.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios