CSIF exige que se reconozca las competencias de los agentes forestales y medioambientales como 'Policía Judicial'

El objetivo es que les permitan colaborar en las investigaciones de delitos relacionados con el medio ambiente, porque, dicen, que ellos ya realizan funciones de carácter policial, vigilando y custodiando el medioambiente

Agentes forestales en un incendio forestal en San Felices de los Gallegos
Agentes forestales en un incendio forestal en San Felices de los Gallegos | Imagen de archivo

El sindicato CSIF exige a través de un comunicado que el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que se está tramitando en el Congreso, reconozca las competencias de los agentes forestales y medioambientales como 'Policía Judicial'. Unas competencias entre las que apunta que se incluyen la colaboración en las investigaciones de delitos relacionados con el medio ambiente.

"Solicitamos que tengan esta consideración los funcionarios de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y del Servicio de Vigilancia Aduanera y también los Cuerpos, escalas y especialidades de Agentes Forestales y Medioambientales en el ámbito de su respectiva competencia”.

Desde el sindicato, apuntan que actualmente hay unos 6.000 mil agentes forestales y medioambientales en España, que realizan funciones de carácter policial, vigilando y custodiando el medioambiente: "Defendemos que son prácticamente una policía especial administrativa y judicial, especializada en materia de medio ambiente". Expresan, asimismo, que "los agentes forestales y medioambientales reciben desde hace años formación especializada en la lucha contra el delito ambiental (investigación de incendios forestales, lucha contra el furtivismo, toma de muestras, uso de medios y artes ilegales, etc); y que también colaboran con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como con cualquier otro Cuerpo cuyos funcionarios sean Agente de la Autoridad, condición que ellos también tienen".

De no hacerse efectivo lo que piden, CSIF indica que "los 6.000 agentes forestales quedarían en un ‘limbo legal’ porque sus funciones no tendrían la categoría de Policía Judicial".

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