En el acto, al que asistieron más de una treintena de personas, se trató en profundidad las consecuencias para el futuro de localidades como Santa Marta y otras más pequeñas, que verán afectadas sus competencias "en beneficio de las Diputaciones provinciales o de las administraciones regionales", afirma la agrupación en un comunicado. La primera parte fue dedicada a la exposición de los argumentos y réplicas entre los grupos políticos invitados, y después se abrió el debate a los asistentes.
El evento contó con la presencia como ponentes de Domingo Benito (coordinador provincial de Izquierda Unida), Francisco Javier Rodríguez (secretario general del PSOE de Santa Marta), y Miguel Ángel Moreno (portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Santa Marta). En el comienzo del mismo, se leyó el escrito enviado por parte del alcalde a ACUSAM, en el que se escudaba en que, puesto que “la reforma local es auspiciada y aprobada por el PP, […] no ve necesaria su asistencia”. Como muestra de su disconformidad, la asociación decidió dejar simbólicamente una silla vacía.
A lo largo del debate se trataron temas fundamentales de la nueva reforma como los objetivos a los que está destinada, las competencias, los costes para los ayuntamientos, o el control democrático de las diputaciones. A este respecto, los tres representantes mostraron su rechazo a la existencia de las mismas, pero mientras que para UPyD la solución pasa por suprimir municipios (hasta alcanzar unos 11 en Salamanca, según estimaciones de la formación), para IU la respuesta debe ser la utilización de la figura de las comarcas añadiéndole una fórmula de elección directa de sus miembros. El PSOE por su parte, cree importante que Santa Marta atraiga habitantes hasta llegar a los 20.000, para acceder a mejor financiación. Además, tanto Rodríguez como Benito destacaron que los pueblos sin competencias dejarán los servicios públicos en manos de empresas privadas que no responden igual a las demandas de los vecinos (haciendo una ley para sacar “tajada” según Rodríguez, y para “tener que ir a quejarse de los problemas a Madrid”, en palabras de Benito).
Cifras de ahorro
Por otro lado, hubo discusión sobre las cifras de ahorro mostradas por el Gobierno central, y los recursos financieros de los ayuntamientos. IU apuesta por una fórmula en la que la financiación sea aumentada para estos últimos (“un tercio para los municipios, un tercio para los gobiernos regionales, y un tercio para la administración estatal”, según Benito), puesto que son los más próximos al ciudadano, e insistía en que ahora mismo los ayuntamientos “no pueden tener déficit”. Por su parte, Rodríguez defendió la iniciativa de recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que necesita las firmas de 1.145 municipios y 5.800.000 personas y ya cuenta con múltiples apoyos. Sin embargo, para el portavoz de UPyD la ley responde a la necesidad de ahorrar y a seguir con la reforma que se está haciendo en toda Europa de agrupamiento de municipios (siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa). Rodríguez replicaba que con la ley en la mano, el ahorro en cargos públicos se dispararía mientras dejaría sin percepciones económicas a los concejales de los pueblos menores de 1.000 habitantes.
Respecto a la calidad democrática, IU se muestra muy crítico en este punto, al afirmar que los servicios básicos los llevará un municipio sólo si cumple unas condiciones económicas y bajo autorización del Gobierno central (dejando el “Ayuntamiento como paisaje”). El PSOE por su lado hizo un mensaje de defensa de la política y el municipalismo, mientras que UPyD aclara que la calidad democrática no se vería afectada con sus propuestas, en tanto que los problemas de las entidades locales menores serían tratados en las cabezas de municipio en proporción a su importancia.
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