La Diputación pedirá a la Junta la puesta en marcha de una plan integral de depuradoras de aguas residuales

Llama la atención sobre la situación en la zona de Las Batuecas. Los diferentes grupos acuerdan, además, sumarse a la Red de Entidades Locales por la transparencia y la participación ciudadana.El Pleno aprueba la resolución del contrato de concesión para explotar el Muelle Fluvial de Vega Terrón

 La Diputación pedirá a la Junta la puesta en marcha de una plan integral de depuradoras de aguas residuales
La Diputación pedirá a la Junta la puesta en marcha de una plan integral de depuradoras de aguas residuales

La Diputación de Salamanca reclamará ante la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de un plan integral de depuradoras de aguas residuales para la provincia. Asimismo, y haciendo caso a la recomendación del PSOE -proponente de esta iniciativa aprobada de forma unánime- se pedirá a la administración regional la finalización "inmediata" de la depuración de aguas en la zona de Las Batuecas. en esa linea, se instará a la Confederación Hidrográfica del Duero a concluir el plan de depuración de aguas sucias en el Parque Natural Arribes del Duero "y su zona de influencia".

Red por la transparencia

Donde también hubo acuerdo en el Pleno provincial es en la adhesión a la Red de Entidades Locales por la transparencia y la participación ciudadana. Así se decidió también por unanimidad en uno de los pocos nexos de unión de la sesión plenaria que permitirá, destacó el popular José María Sánchez, "seguir creciendo y mejorando". Sánchez agradeció, además, la disposición de todos los grupos con representación en La Salina.

El otro gran acuerdo de la jornada fue el relativo a las indemnizaciones compensatorias a zonas agrarias desfavorecidas, propuesto por Ciudadanos, que realizaba una llamada a reconsiderar los criterios que rigen el reparto de las ayudas "teniendo en cuenta los condicionantes de la despoblación y la renta agraria". Aunque con algunos matices, el apoyo también fue unánime en este punto.

El primer gran debate de la sesión plenaria de este viernes se produjo al respecto de la ejecución de la sentencia sobre la anulación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (Regtsa) para el año 2015.

Mientras desde la bancada socialista la crítica fue más tibia apelando a la responsabilidad del Equipo de Gobierno al que recomendaron no seguir por un camino que, de mantenerse, "año tras año los jueces nos dirán cómo hacer bien el trabajo por ejecutar mal una RPT", desde el lado de Ganemos no solo la crítica fue más ácida porque la sentencia "pone en evidencia la vulneración de la libertad sindical y de los derechos de los trabajadores" sino que incluso fue un paso más allá anunciando una campaña que incluirá la entrega de premios a personas que lleven a los tribunales a la Diputación "en beneficio del interés general".

El PP, a través de la vicepresidenta Chabela de la Torre, dejó claro que se asumen las responsabilidades y se respetan los derechos del trabajador aludido en una sentencia, precisó, que "hace referencia a un problema procedimental". Se toman, por tanto, "las acciones correspondientes", remarcó.

Debate por la tarifa de los centros asistenciales

Otro de los asuntos que pusieron de manifiesto las diferencias es el referido a la propuesta de modificación del precio público por estancia en los Centros Asistenciales dependientes de la Diputación, finalmente aprobada. Dado que el incremento propuesto es del 0,7 %, todos los partidos de la oposición criticaron que jubilados y pensionistas perderán poder adquisitivo dado que las pensiones únicamente se han incrementado un 0,25 %. Todos reclamaron que la subida se ligue al mismo porcentaje de subida de las jubilaciones y criticaron que en años precedentes, cuando el IPC fue negativo, no se planteara nunca una bajada de precios. "Si queremos favorecer a los más desfavorecidos hay que estudiar un cambio de ordenanza", exigieron los representantes de Ganemos, PSOE y Ciudadanos. Estos dos últimos también plantearon dejar el asunto encima de la mesa para madurarlo más.

Con la actualización, las plaza de válidos y asistidos no dependientes pasarían a costar 30,93 euros, la de asistidos dependientes 43,30 y la de grandes dependientes, 49,49 euros. 

El portavoz popular para este asunto, José María Sánchez, recordó que en la modificación de la ordenanza realizada en 2012 se solventó el problema de las deudas acumuladas de los residentes. De igual modo, acusó al PSOE de hacer demagogia al hacer ruido ante unas subidas que oscilan entre los 21 y los 34 céntimos diarios y remarcó que los residentes no pueden pagar nunca más del 90 % del porcentaje de su pensión.

El PSOE replicó recordando que la pensión media en Salamanca no llega a los 650 euros y los jubilados tienen que hacer frente a otras cargas como el gasto farmacéutico. "Lo que para ustedes son miserias, para algunos son fortunas", le espetó la portavoz Carmen García a su homólogo popular, quien la acusó de engañar a la ciudadanía al precisar que cada residente paga en proporción a su pensión. El debate se prolongó, incluso, a través de twitter donde populares y socialistas continuaron polemizando.

Vega Terrón 

Otro de los asuntos espinosos de la sesión plenaria fue, una vez más, el relativo a la resolución del contrato de concesión de la explotación del Muelle Fluvial de Vega Terrón, "una inversión sin retorno que pasa de joya de la corona a vergüenza de la provincia", criticó Ganemos Salamanca. Por su parte, Ciudadanos volvió a reiterar que estamos ante un "escándalo" sosteniendo de nuevo su teoría de que la Diputación ha de rendir cuentas no con Vegater sino con una UTE compuesta por varias empresas "pues Vegater no estaba constituida en el momento de la adjudicación". 

El dictamen del Consejo Consultivo que existe al respecto, recordó el PP, reconoce como explotador a Explotaciones Portuarias Vegater S.A. por lo que da por zanjada esa parte de la polémica. Entiende Ciudadanos, sin embargo, que los tribunales dirimirán el asunto y que las responsabilidades políticas "derivarán en responsabilidades personales". Precisamente a las responsabilidades de presidente y vicepresidente de la Diputación también aludió el PSOE, que habló de "retraso lamentable que trae consigo perjuicios de todo tipo".

La resolución fue finalmente aprobada con el voto a favor del PP, la abstención de PSOE y Ganemos y el voto en contra de los dos diputados de Ciudadanos.

 

 

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