El Grupo Provincial Ciudadanos, de la Diputación de Salamanca, del que es portavoz Manuel Hernández, plantea una moción para poner en marcha la figura de un delegado de protección de datos y un servicio de asesoramiento para los ayuntamientos de la provincia en esta materia.
“Es nuestro deber avanzar en transparencia, pero con protección de datos, por ello debemos ser responsables a la hora de realizar las notificaciones en esta materia porque la administración debe ser ejemplar en el sector público. Además, la Diputación debería tener una unidad que coordine la estrategia de tratamientos de datos. Si tenemos en cuenta que alrededor del 40% de la plantilla pertenece al Área de Bienestar Social, cabe destacar que en el ámbito de la salud el tratamiento de datos es mucho más sensible. Algo parecido pasa en el Área de Contratación donde se manejan datos también sensibles”, señala Manuel Hernández.
En abril de 2016, el Parlamento Europeo aprobó un Reglamento sobre Protección de Datos que sustituye a la anterior de 1995. El nuevo RGPD entró en vigor en mayo de 2018 con nuevas obligaciones en materia de protección de datos para las Administraciones Públicas, y cambia radicalmente la forma actual de regular la protección de datos, obligando a empresas, organismos, instituciones y administraciones a cambios y esfuerzos significativos de carácter organizativo, técnico, económico y humano al imponer nuevas obligaciones y requerimientos.
El Reglamento Europeo de Protección de Datos tendrá aplicabilidad directa en todos los Estados miembros a partir del 25 de mayo de 2018.
La aplicación de esta norma en cada uno de los Estados miembros requiere de un desarrollo normativo interno, así en noviembre de 2017 el Gobierno aprobó el proyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que fue remitido al Congreso de los Diputados y que tiene por objeto adaptar la legislación españolaa las disposiciones del RGPD.
Por ello, según ha declarado Manuel Hernández, proponen al pleno de la Corporación que la Diputación ponga en marcha la creación de la figura de un Delegado de Protección de Datos, además de crear una unidad de estrategia de protección de datos, además de que habilite un servicio de asesoramiento y prestación de servicios de protección de datos con el fin de que los municipios de la Provincia de Salamanca puedan realizar las consultas necesarias para adaptarse a la normativa, así como prestar los servicios a los Ayuntamientos donde sea inviable contar con un Delegado de Protección de Datos en su plantilla.
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