Igualdad se marca como objetivo que el sistema VioGén llegue a finales de 2026 a todos los municipios de más 5.000 habitantes con policía local de la Comunidad

El Ministerio de Igualdad se marca como objetivo que el sistema VioGén, la plataforma de seguimiento integral de los casos de violencia de género, esté implantada a finales del año en todos los municipios de más de 5.000 habitantes que cuenten con policía local en Castilla y León. En la actualidad, existen 71 municipios de este tamaño en la Comunidad, de los que 62 ya están incorporados a VioGén, por lo que faltarían solo 9. Se trata de Valle de Mena (Burgos), Bembibre, Cacabelos, Fabero, La Robla, Valverde y Villafranca (León) e Íscar y Pedrajas (Valladolid).

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aprovechó una reunión con la jefa de la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer de Castilla y León y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, para asegurar que es un objetivo “posible” y “ambicioso”, después de haber incorporado a VioGén al 88 por ciento de las localidades de más de 5.000 habitantes de la Comunidad. El sistema, que se puso en funcionamiento en julio de 2007, contaba con solo cuatro convenios de este tipo de municipios en Castilla y León y, ahora, ya se han sumado 62, lo que, a juicio de Redondo, demuestra el esfuerzo realizado entre los ayuntamientos y los ministerios del Interior e Igualdad y el trabajo realizado entre las policías. “Es un sistema que salva vidas a diario, al permitir alertar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de situaciones de peligro que pueden estar sufriendo las víctimas de violencia de género”, aseveró.

Tras recordar que la Comunidad se cobró el año pasado una víctima mortal, la ministra dejó claro, según recogió la Agencia Ical, que una mujer es “mucho”, por lo que abogó por poner en marcha todos los instrumentos disponibles y la coordinación necesaria para evitar que la violencia machista se cobra más vidas en Castilla y León y en España. Es por ello que, antes de la firma de los convenios, manifestó que habrá que “incentivar” a los ayuntamientos, gracias a los fondos que contempla el Pacto de Estado contra la violencia contra la mujer, además de realizar una formación entre los policías municipales.

El sistema permite aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género; integrar toda la información de interés; llevar a cabo una estimación del riesgo; realizar un seguimiento y una protección a las víctimas, en función de su nivel, y llevar a cabo una labor preventiva, al emitir avisos, alertas y alarmas, a través del Subsistema de Notificaciones Automatizadas, cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima. Por lo tanto, se establece una red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos.

El encuentro también sirvió para que Ana Redondo abordara los centros de crisis 24 horas de atención integral para mujeres víctimas de violencia sexual, que en Castilla y León tienen la denominación de puntos Atiendo, al señalar que se trabaja para reconocer una cartera básica de servicios a nivel nacional. Tras beneficiarse de los fondos europeos Next Generation, se han creado 60 centros de crisis 24 horas en España, de los que nueve están en la Comunidad, uno en cada capital de provincia. “Ha supuesto un enorme esfuerzo para que no hubiera ciudadanas y víctimas de primera y de segunda en todo el territorio nacional.

Ana Redondo apuntó que este tipo de puntos ofrecen servicios jurídicos, psicológicos e inserción laboral, que el Ministerio desea que sean comunes para el conjunto. “Vamos a seguir trabajando con las delegaciones del Gobierno y las unidades de coordinación contra la violencia sobre la mujer así como en la próxima Conferencia Sectorial para avanzar en este sentido a la hora de atender a las víctimas de violencia de género y de violencias sexuales”, añadió.

Nuevo contrato pulseras antimaltrato

Preguntada por la licitación de las pulseras antimaltrato, la ministra de Igualdad declaró que a partir de mayo comenzará a funcionar un nuevo contrato, con tobilleras más fiables que incorporarán “todos” los avances y las mejoras detectadas. Algo que se traducirá en el coste del servicio, que pasará de los 52 a 71 millones de euros, con la posibilidad de incrementarlo hasta los 111 millones con las prórrogas de dos años, hasta un total de cinco ejercicios

Ley violencia vicaria

En cuanto a la futura ley de violencia vicaria, Redondo recordó que es algo que está recogido en el Pacto de Estado y en la que se está trabajando desde hace más de un año. De momento, se mostró “optimista” con la voluntad política para que llegue al Parlamento, donde podrá incorporará otras “visiones” y “sensibilidades, vía enmiendas . “Supone un esfuerzo máximo para conciliar los distintos intereses y dar respuestas a la ciudadanía”, precisó. En este sentido, apuntó que el Ministerio está en contacto con las asociaciones para abordar las necesidades detectadas.

Tras comentar que será una ley “novedosa” y referencia a nivel mundial, ya que no existe nada parecido, dejó claro que se busca evitar un ‘caso Bretón’ y así evitar que exista una revictimización y hacer más daño a la mujer, incluso aunque sea desde la cárcel.

Por último, se refirió a la ley abolicionista de la prostitución, que también está recogida en el Pacto de Estado, además de ser un “compromiso” del Partido Socialista con el “abolicionismo” Avanzó que se trabaja sobre un texto, que está “bastante avanzado”, que tendrá que pasar por una “serie de filtros” y contar con aportaciones técnicas, tanto de la Academia como el activismo feminista.

En conexión con esta ley, el Gobierno de España ha solicitado un macroencuesta al CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la prostitución. En principio, se podrán conocer los resultados de ese sondeo el próximo mes para saber lo que piensan los hombres y las mujeres, de diferentes edades y extractos sociales, en relación a este tema. “Nos dará una imagen que, luego, se podrá trasladar a ese proyecto de ley para dar respuesta a una necesidad ciudadana”, manifestó.