El último Consejo Europeo celebrado en Bruselas ha disipado cualquier tipo de dudas: España ha sido intervenida por mor de un rescate que el Banco Central Europeo realizará, no al conjunto del país, sino a la banca privada.
Las consecuencias de la crisis las pagarán de forma solidaria los ciudadanos, y consisten en tres tipos de pérdidas:
- pérdida de soberanía: desde ahora, el Estado Español ha cedido a la Unión Europea, la Troika y el FMI el poder de adopción de las grandes decisiones. Años después de haber delegado la soberanía económica a cambio de entrar en el Euro, nos encontramos con que las instituciones españolas, que representan al conjunto del pueblo español, deben rendir cuentas y ajustarse a aquello que se decida en instituciones y organismos de escaso control político por parte de los ciudadanos. La soberanía nacional ya no reside en el pueblo español.
- Pérdida de conquistas sociales: no eran una dádiva, ni un mero principio informador del Ordenamiento Jurídico, plasmados en la Constitución. El estado de bienestar social se ha configurado tras años de luchas y conflicto, muchos de ellos protagonizados en un periodo en el que manifestarse, publicar manifiestos o reunirse era algo ilegal y suponía ir a la cárcel. Está bien no perderlo de vista y ser conscientes de que cuando se revisa la edad de jubilación, se recurre al subsidio de desempleo como fuente de recorte de gastos, o se flexibiliza el mercado laboral se está desmantelando el esfuerzo titánico esfuerzo de unas generaciones que además de por la democracia, lucharon por la igualdad.
- Pérdida de justicia social: la estrategia de salida de la crisis, aceptada por España en el Consejo Europeo de Bruselas supone condenar a cientos de miles de personas a un retroceso económico del que tardarán años en recuperarse y todo ello porque la competitividad, y el saneamiento de las cifras macroeconómicas pretende alcanzarse a costa soltar lastre: quienes están en paro, quienes no cuentan con recursos para acudir a la universidad, quienes quedan fuera de la cobertura sanitaria, quienes son personas dependientes deben saber que ya no pueden contar con el Estado y que la redistribución de la riqueza es una quimera ya imposible de alcanzar.
A partir de ahí, las medidas representan políticas equivocadas, adoptadas para salvar a una minoría a costa de perjudicar a la gran mayoría:
- La subida del IVA, en casi todos sus tramos, se realiza para paliar el fraude fiscal que el Estado se ha negado a combatir y que incluso ha pretendido amnistiar. España es un país donde los asalariados pagan más impuestos que las grandes sociedades, en el que se abona más por el tipo general del Impuesto sobre el Valor Añadido que por el regularizar el dinero negro.
- La rebaja del subsidio de desempleo no persigue sino la criminalización de quienes engrosan la lista del paro para introducir una cultura del esfuerzo personal individual en detrimento de una reflexión colectiva sobre las causas estructurales de la recesión económica, quiénes han sacado provecho de la misma y quienes la padecen ahora.
- La revisión del sistema de pensiones representa la incapacidad del estado para dar respuesta, precisamente en un momento en el que ha aumentado la esperanza de vida, a una necesidad vital: el derecho a disfrutar de una vejez en condiciones dignas, saludables y con protección social.
- La privatización de servicios básicos como RENFE supone desprenderse, una vez más, de los servicios que eran rentables –a costa del erario público- sin garantizar la prestación de aquellos que son imprescindibles. La provincia de Salamanca será una de las que experimente las consecuencias: por cuestiones de rentabilidad, se cerraron las principales conexiones de ferrocarril convencional, y por esas mismas razones, el AVE tampoco pasará por Salamanca.
- El recorte de la paga extra de navidad a los funcionarios supone una nueva agresión a la función pública, a la dignidad con la que los profesionales atienden a los ciudadanos, supone minar también su independencia, y sobre todo, supone hacer pagar a quienes nada han tenido que ver con la crisis. El sector público gozaba –en general- de unas cuentas saneadas mientras que han sido los desmanes del sector financiero privado los culpables de esta crisis.
Y para terminar, y como colofón, la populista medida de recortar en políticos. Hasta un 30 % de concejales, a costa de reforzar las Diputaciones. Dicho de otra manera, se suprimen concejales en municipios pequeños en los que los concejales suponen un coste irrisorio o nulo, se asesta un nuevo golpe a la proporcionalidad electoral (haciendo más difícil la entrada de fuerzas minoritarias) y por tanto a la democracia y se potencia una institución, la Diputación, cuyos representantes se eligen de forma indirecta y no responden ante la ciudadanía pues no es ésta quien los elige.
España es pues, un país intervenido, rescatado, más desigual y menos democrático, y todo ello, sin que se haya abordado de forma democrática el debate de si existen o no alternativas, o si queremos o no pagar el alto precio de un rescate que no han pedido los ciudadanos sino los bancos.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo rechaza las medidas extraordinarias anunciadas por el Presidente del Gobierno el pasado 11 de julio de 2012, exige la convocatoria de un Referéndum sobre las mismas e insta al Congreso de los Diputados a adoptar medidas para recuperar de forma efectiva la soberanía nacional, que los españoles han delegado en aquella institución.
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