Los hechos se remontan al año 2011 al solicitar la empresa contratada a este fin, Bejarana de Servicios y Contratas SL, la rescisión del contrato por mutuo acuerdo ante la imposibilidad de mantener el servicio por motivos de índole económica.
El equipo de Gobierno del Partido Popular decidió adjudicar, por vía de urgencia, el servicio a la empresa que se encontraba a continuación en la adjudicación del servicio. Sin embargo, poco después renunció a prestar el servicio y el equipo de Gobierno decidió que el Ayuntamiento asumiera directamente el servicio que, desde entonces viene prestándose en esas condiciones “y con demostrada eficacia y solvencia, por cierto”, explican fuentes municipales.
Tanto el proceso de rescisión del contrato como la adjudicación provisional a la siguiente empresa, fueron objeto de una denuncia ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca por parte del entonces portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Flores, quien cuestionaba la urgencia del proceso (en concreto las convocatorias de comisiones informativas y Junta de Gobierno Local de urgencia) así como la validez de los acuerdos adoptados.
La sentencia cree justificada la urgencia del procedimiento alegando que la inexistencia del servicio de recogida de basura es considerada una urgencia incluso por la propia parte demandante.
Del mismo modo el juez sentencia que “no puede concluirse que se haya incumplido obligaciones esenciales del contrato”.
También encuentra el juez justificada y documentada la insolvencia de la empresa Bejarana de Servicios y Contratas.
Solamente estima la sentencia sin efecto la adjudicación profesional a Sorbej SL, por haber sido esta otorgada en Junta de Gobierno y estimar el Juez que esta atribución corresponde al Pleno, pero puntualizando que “no obstante no tiene mayor trascendencia práctica, ya que la adjudicación efectuada a la nueva empresa Sorbej renunció en fecha de 22 de diciembre, pasando a municipalizar el servicio.”