El Gobierno ha aprobado el Programa Nacional de Reformas de España 2012, que contiene, entre otras medidas, la "agrupación" de municipios en función de su población, y que solo será viable si por agrupación entendemos "asociación voluntaria" y "no desaparición forzosa". La verdad es que cuando he leído las breves noticias sobre uno de los acuerdos adoptados por el Gobierno de España en su última reunión ordinaria del viernes pasado, no muy desarrollada en los medios de comunicación a pesar de la importancia que creo tiene, me he sentido inquieto.

 

El paquete de medidas aprobado ha de enviarse a Europa y marca una hoja de ruta de reformas estructurales para los próximos años como consecuencia de la crisis económica. Una de ellas va referida a la modernización y racionalización de las Administraciones Públicas, con el triple objetivo de definir correctamente los servicios públicos que ha de desarrollar cada uno de los niveles administrativos -Entidades locales, Gobiernos autonómicos y Estado-, evitando las duplicidades -con un ahorro estimado de 250 millones de euros- y las competencias impropias -con un ahorro aproximado de 3.500 millones-, estudiar su adecuada financiación, y proceder a la agrupación de municipios en función de su población, medida que será objeto de desarrollo en los próximos meses por el Ministerio de Hacienda.

 

Si los dos primeros objetivos perseguidos claramente constituyen un ejercicio de acción de gobierno encomiable, pendiente desde la aprobación de nuestra Constitución, y que con responsabilidad deben acometerse de forma inmediata, el tercero referido a la agrupación de municipios me plantea mayores dudas, por las palabras utilizadas en su plasmación.

 

No es lo mismo "agrupación", que, en principio, parece que puede conllevar la desaparición de muchos de nuestros pueblos, que buscar la eficiencia y eficacia de nuestros ayuntamientos mediante su "asociación" para prestar mejor sus servicios, y que, por lo tanto, hace que sigan existiendo como tales, reforzando su fuerza y poder. Si por ejemplo se piensa en la extinción de los municipios de menos de mil habitantes, Castilla y Leon sería la Comunidad mas afectada, y pasaría de tener 2.248 a tan solo 246.

 

Que algo hay que hacer con el inframunicipalismo que tenemos en nuestro mundo local es evidente, pero una posible extinción de ayuntamientos por decreto ley, referida sobre todo a los de menor tamaño, no tiene, a mi juicio, razón de ser, y conllevaría una amplia contestación social y política.

 

Por mucho que el refrán diga que "la gente no es de donde nace, sino de donde pace", el sentimiento de pertenencia de los vecinos a un concreto municipio, a una concreta tierra, es muy grande, con su identificación y su idiosincrasia, como elemento indispensable de unión de una colectividad humana, que no quiere perderse o diluirse en una estructura mayor y mas impersonal. Se lo cuenta uno de Pozuelo de la Orden, provincia de Valladolid, cuya última cifra oficial de población debe estar en torno a 80 habitantes.

 

A los vecinos de cada pueblo no se les va a trasladar de sitio, las casas y viviendas están donde están, la gente vive donde quiere vivir, y los servicios hay que prestarlos a esas personas donde se encuentran, por lo que la desaparición del ayuntamiento sólo servirá para ahorrarse un trozo de sueldo del secretario compartido que ahora tienen y, como mucho, el puesto de alguacil.

 

Los alcaldes y concejales de nuestros pequeños ayuntamientos solo pueden merecer reconocimiento, pues son personas involucradas en la prestación de los servicios públicos a favor de los vecinos, incluso trabajando de forma personal, privándose de muchas horas de familia y de asueto, y en la mayoría de los casos sin percibir ningún sueldo o remuneración por ello. La figura del alcalde no puede desaparecer, o no se puede maquillar para que sólo lleve el bastón de mando el día de la fiesta del pueblo. Se lo dice uno que, como miembro de un partido político, ha estado en las últimas elecciones locales buscando y proponiendo candidatos a alcaldes en una treintena de municipios de Tierra de Campos.

 

No son precisamente los pequeños ayuntamientos los que tienen adquiridas más deuda; es más, salvo raras excepciones, no tienen ninguna y por ello nada se les puede achacar de la situación actual que padece España, y nada esencial en cientos de millones de euros de ahorro que se puede obtener de esa medida.

 

Además, la desaparición de ayuntamientos llevaría aparejada, a mi juicio, una perdida muy importante de sentimiento democrático de la ciudadanía, ya que no se votaría igual en elecciones locales cuando los representantes que elegir están ubicados a veinte kilómetros de distancia, y habría que analizar y ver cómo repercute en los partidos políticos y en las mayorías de gobierno de otras instituciones supramunicipales, como las diputaciones.

 

Por todo ello, la Junta de Castilla y Leon lleva trabajando los últimos meses en el proyecto de una nueva ordenación del territorio de nuestra Comunidad, con el objetivo de que los pueblos sigan existiendo y decidiendo su futuro, sin que para ello sea óbice que se pretenda su asociación, para poner en común, de forma mancomunada, aquellos servicios públicos que se pueden prestan mejor y de manera más barata a través de los distritos rurales y de las diputaciones.

 

Démonos prisa los partidos, los agentes sociales, los representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias y la propia Junta de Castilla y León en lograr un gran acuerdo autonómico político y social en este tema, y enseñemos a Madrid que por "agrupación" la ciudadanía -al menos la de Castilla y León- quiere que se entienda "asociación voluntaria".

 

Ubicados físicamente en esta tierra, esperemos que no vengan antes malos vientos desde el Este.

 

Luis Miguel González Gago

Director de Ordenación del Territorio y Administración Local

Consejería de la Presidencia

Junta de Castilla y León

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