El proceso de privatización de los parques comarcales de bomberos de Ciudad Rodrigo y Guijuelo se ha paralizado después del recurso interpuesto por la Plataforma Bomberos Profesionales de Castilla y León, con el apoyo de la CUBP y de los sindicatos.
La paralización del proceso ha sido informada por la presidenta de la Mesa de Contratación que rige el procedimiento abierto de la contratación de la prestación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) por gestión indirecta de las comarcas de Ciudad Rodrigo y Guijuelo.
La paralización del proceso se mantendrá hasta que el tribunal administrativo de recursos contractuales resuelva el recurso interpuesto.
La Plataforma Bomberos Profesionales de Castilla y León ha destacado que seguirán pendientes de las resoluciones que se tomen en este sentido "hasta que se logre que la provincia de Salamanca tenga una red de parques de Bomberos Profesionales y Públicos".
Según ha explicado a SALAMANCA24HORAS la Plataforma, el recurso contra la privatización tiene su origen en la supuesta "irregularidad" que supondría, según defienden, al aclarar que la regulación legal vigente contempla el requisito de que los bomberos sean funcionarios, de manera que no sería posible la privatización, aunque también reconocen que la figura de los bomberos voluntarios tampoco es del todo legal. "Ni los bomberos privados ni los voluntarios son agentes de la autoridad", destacan.
"Los bomberos prestan un servicio público esencial y es igual que si, por ejemplo, se quiere privatizar la policía", añaden, antes de subrayar, además, que los parques de bomberos con funcionarios están mucho mejor preparados para atender cualquier emergencia y proteger a los ciudadanos.
El problema, según subrayan, es que a las administraciones les resulta mucho más caro mantener un parque de bomberos con funcionarios, de forma que aparece la tentación de la figura de los voluntarios o la privatización, al ser una opción más barata. "Pero no se dan cuenta de que el gasto en el servicio de bomberos no es un gasto, sino una inversión, como lo es también invertir en Sanidad, ya que es claro que cuando se recorta en estos servicios esenciales después la sociedad lo acaba de pagando caro".