La pasada semana, Nieves Alonso y Blanca Avila, representantes de las trabajadoras de la residencia de mayores Bellavista de Babilafuente en Salamanca se trasladaron hasta Valladolid para transmitir al portavoz de Podemos, Pablo Fernández y a la procuradora por Salamanca, Isabel Muñoz, las numerosas irregularidades que pesan sobre la citada residencia. Según Podemos, algunas de ellas son muy preocupantes pues hasta podrían ser constitutivas de delito al poderse estar poniendo en peligro la seguridad alimentaria de los residentes.
En palabras de las trabajadoras, “que han sido despedidas junto a otras muchas trabajadores por reclamar sus derechos”, según Podemos, no solo se trata de reivindicar sus derechos laborales, conculcados sistemáticamente por el propietario de la empresa, sino de denunciar las pésimas condiciones de la residencia que no cumple con los pliegos de condiciones, obligatorios por tratarse de una residencia pública de gestión privada, ni con los mínimos exigidos para este tipo de instalaciones, con el consiguiente perjuicio para los residentes, como algunos familiares ya se han encargado de denunciar ante la Gerencia de Servicios Sociales, sin que hayan tenido hasta ahora una respuesta.
A tenor de las denuncias realizadas y documentadas por las trabajadoras, para Podemos, el asunto podría alcanzar unas dimensiones muy alarmantes, “lo que por una parte evidenciaría el fiasco que hay detrás de las privatizaciones de los servicios públicos emprendidas por el Partido Popular”, y por otra, “la dejadez de funciones por parte de las administraciones responsables en cuanto a las labores de control y vigilancia que dichas privatizaciones exigen”.
Según ha hecho público la formación morada, Pablo Fernández ha dado todo su apoyo a las trabajadoras, además les ha prometido que desde Podemos se hará todo lo posible para esclarecer y solucionar este asunto, extensible “por lo que parece” a otra residencia de mayores también gestionada por este mismo empresario en la localidad salmantina de Castellanos de Moriscos.
Hace más de una semana que la procuradora de Podemos por Salamanca, Isabel Muñoz, ha realizado varias preguntas a la Consejería de Servicios Sociales y a la de Sanidad para comprobar si la Junta está tomando alguna medida ante estos hechos, además de haber pedido la documentación pertinente.
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