La sede judicial de Peñaranda de Bracamonte recibirá más de 750.000 euros para la mejora de la eficiencia energética

En total, Justicia invertirá casi 60 millones de euros en 34 sedes judiciales de cinco comunidades autónomas

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 Detalle de la toga de un letrado de la Administración de Justicia - M. Dylan - Europa Press - Archivo
Detalle de la toga de un letrado de la Administración de Justicia - M. Dylan - Europa Press - Archivo

El Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, destina 19.275.066,97 euros para la mejora de la eficiencia energética de doce sedes judiciales en Castilla y León.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes invertirá un total de 59.216.922 euros en obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en diferentes sedes judiciales, ubicadas en CC.AA. en las que las competencias de Justicia no están transferidas.

En conjunto, se trata de 34 obras de rehabilitación energética de edificios judiciales que se distribuyen entre Castilla y León (12 edificios), entre el que se encuentra la sede judicial de Peñaranda de Bracamonte, que recibirá 752.908,39 euros.

Igualmente Castilla La Mancha (9), Región de Murcia (4), Extremadura (7) e Islas Baleares (2). Todos ellos fueron elegidos tras una evaluación energética entre todos los juzgados del territorio Ministerio.

Dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia La financiación de estas actuaciones de eficiencia energética se basa en el acuerdo firmado en marzo de 2022 con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se inscribe en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para ser financiables por este Plan, los proyectos deben conseguir un ahorro de energía primaria superior al 30% a través de distintas líneas de actuación. Con el fin de alcanzar esos objetivos, las obras renovarán las superficies de los edificios para conseguir instalaciones de alta calificación energética.

Además, se promoverá la implantación de sistemas de autoconsumo de energía solar fotovoltaica o de otras energías renovables que resulten más viables en función de la ubicación, y se fomentará la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos con el objetivo de contribuir a la movilidad sostenible.

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