El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte expone durante dos meses al público el expediente correspondiente al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. Durante ese tiempo, se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísticas en las áreas donde se altere la calificación urbanística o cualquiera de las determinaciones de ordenación general, y en general donde se modifique el régimen urbanístico vigente. Además, a lo largo de esos 60 días cualquier persona interesada podrá examinar dicho expediente y presentar las alegaciones, sugerencias y documentos que considere oportunos en el registro municipal.
El Plan Especial de Protección del Centro Histórico-Artístico está incluido en las nuevas normas urbanísticas de Peñaranda aprobadas en sesión plenaria el pasado mes de octubre para compensar, según explicó en su día el alcalde, José Antonio Jiménez Barcala, un crecimiento urbanístico “no adecuado” durante casi tres décadas “y dedicado a beneficiar a particulares con el perjuicio de la generalidad de la población, según el redactor de las normas”. Entre los hechos más graves, explicó Barcala, está el de haber permitido obras a vecinos “que no cumplen con la legalidad pues se trata de construcciones inseguras e insostenibles o potenciar la economía sumergida entre otras cosas”.
Durante la tramitación de las nuevas normas, que regirán sobre una superficie de 150.783 metros cuadrados, se observó que la aprobación de ese Plan de Protección es una tarea delegable exclusivamente en la Junta de Gobierno Local. Una vez advertido ese detalle, se decide volver a someter la documentación a exposición pública y aprobar inicialmente el Plan a la espera de que se cumpla el periodo de alegaciones y la posterior subsanación de errores, si se advirtiera alguno, para elevar a definitiva la aprobación de dicho Plan.
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