El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha celebrado este jueves a las 9:00 horas un pleno en el que se aprobaron de forma definitiva las ordenanzas fiscales para 2013. Además, se abordó una moción presentada por el Grupo Socialista relativa a adopción de medidas en defensa del pequeño comercio de Santa Marta y otra moción presentada por Izquierda Unida relativa al reglamento regulador de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Ya en octubre el pleno finalizó con la aprobación inicial de la propuesta de modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio del año 2013, a pesar de los dos votos particulares que presentaron los grupos municipales PSOE e IU. La edil de Economía, Chabela de la Torre, matizó que al haber elegido el IPC interanual de agosto a agosto (2,7%), los vecinos se verán beneficiados porque el IPC registrado tan sólo un mes después, en septiembre, se incrementó al 3,4%; el único impuesto sujeto a esta adecuación al IPC es el impuesto de circulación, permaneciendo el tipo del IBI en el 0,6%, según el Real Decreto 20/201, y el resto de impuestos permanecen congelados.
Además, por un lado, de la Torre recordó que la propuesta recoge una reducción del 50% (del 4% al 2%) en la tasa de apertura de establecimientos, con el objetivo de potenciar la apertura de nuevas unidades de negocio en el municipio y fomentar así la actividad económica y la creación de empleo, y por otro lado, que esta propuesta establece la adecuación al IPC al resto de tasas municipales con tres excepciones notables: “La tasa de recogida de basuras se incrementa sólo en lo que respecta a la diferencia del IVA de 2% correspondiente a la factura de recogida, sin embargo, no se aplican los 6 euros por tonelada que se pagan desde septiembre por el tratamiento de los residuos en vertederos”, comentó.
La propuesta dictaminada, fruto del consenso del Grupo Popular y UPyD, contiene además un incremento de la bonificación del IBI para familias numerosas del 75% al 90%, el establecimiento de una bonificación del 50% en el IBI para los inmuebles destinados a edificaciones residenciales existentes, en los que se haya instalado un sistema de aprovechamiento térmico, para agua caliente sanitaria y/calefacción, y otras dos modificaciones en el IAE, una de un 50%, para aquellas empresas que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido, y otra de un 30%, para aquellas empresas que tengan rendimiento neto negativo.