La provincia de Salamanca perderá más de 1 millón de euros al no poder ingresar los ayuntamientos el impuesto de plusvalías tras las declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional en el cálculo de la base imponible de este gravamen. Los consistorios de la provincia salmantina se muestran preocupados por esta medida, sobre todo los más grandes que son los que registran mayor número de compraventa de viviendas, ya que este impuesto grava la revalorización de las mismas. Es cierto que no se puede saber con antelación cuántas viviendas se van a vender el próximo año y, por tanto, la recaudación de este impuesto varía de un ejercicio a otro, pero los ayuntamientos sí han contabilizado cuanto han ingresado en el último año y tienen una estimación de cuánto van a perder tras la supresión del mismo.
Los más perjudicados por la sentencia
Santa Marta de Tormes será el más afectado por la eliminación de este tributo. El ayuntamiento de la localidad estima que perderán 481.000 euros, que son los ingresos que han obtenido en el último año por este impuesto. Una cifra nada desdeñable para un municipio que en este 2021 cuenta con un presupuesto de 10.128.000 euros. Un motivo de preocupación para el equipo de gobierno. Su alcalde, David Mingo, asegura que: "Los presupuestos municipales van a sufrir un varapalo importante provocado por la falta de trabajo del Gobierno". Desde la localidad se exige al Ejecutivo una actuación inmediata para solventar este problema originado a los ayuntamientos. "Exigimos al Gobierno de España una solución, como por ejemplo la creación de algún fondo de compensación por la pérdida de ingresos de los ayuntamientos en 2022", añade.
En una situación parecida está Carbajosa de la Sagrada, que también será uno de los más afectados. En una localidad en constante crecimiento urbanístico y que atrae, sobre todo a familias jóvenes ,el stock de viviendas de segunda mano es reducido porque se venden con relativa rapidez. Esto supone que haya mucho movimiento de compra venta de viviendas y la supresión de este tributo les hará perder 250.000 euros.
Guijuelo será otro de los municipios que más verán reducidos sus ingresos. La villa cuenta con un presupuesto de 8,8 millones de euros y perderá 100.000 al dejar de cobrar este gravamen. Cifras parecidas se manejan en Peñaranda de Bracamonte donde estiman que la reducción será de 75.000 euros.
Menos afectará a otros grandes municipios de la provincia que no recaudan mucho en el epígrafe de la plusvalía. Es el caso de Doñinos, donde estiman que como mucho dejarán de ingresar 10.000 euros ya que la venta de vivienda usada no es muy recurrente en la localidad, de hecho, en el último ejercicio este tipo de transacciones no superan la decena. Villamayor de Armuña se encuentra en la misma situación. En principio el Ayuntamiento solo había presupuestado para el próximo ejercicio 10.000 euros en los ingresos de esta partida ya que aseguran que al haber eliminado las plusvalías por herencia en la comunidad ya tenían bajado el importe.
Los menos afectados serán los pueblos de la Salamanca rural
En el otro lado de la balanza están los ayuntamientos que no aplicaban este impuesto y a los que no afectará la medida. Es el caso de localidades como Castellanos de Moriscos o Villares de la Reina, que a pesar de ser municipios con un constante crecimiento urbanístico, y donde cada vez se asientan más familias, no cobraban este tributo. Aldeatejada tampoco lo aplica. Serían tres casos atípicos, ya que los municipios con mayor población son los que más posibilidades tienen de tener unos ingresos importantes por este tributo.
El resto, los municipios más pequeños, que son una gran mayoría en la provincia, se verán menos afectados ya que en muchos de ellos la compraventa de vivienda usada no es habitual, al contrario, en la Salamanca más rural si algo sobran son viviendas. Todo ello a pesar de que tras el confinamiento por la pandemia muchos de ellos notaron un incremento de ventas de viviendas para segundas residencias y que son muchos los que se han interesado en volver a vivir en los pueblos, pero estos siguen llegando a cuentagotas, sobre todo en los que tienen menos de 500 habitantes.
Tal es el revuelo y la preocupación que ha levantado este asunto, que la FEMP ya ha anunciado que planteará al Gobierno una nueva norma que permita restablecer este impuesto con "justicia de recaudación". Su presidente Abel Caballero ha pedido que se restablezca este impuesto con una nueva normativa. Por su parte desde el Gobierno este miércoles el Ministerio de Hacienda ya ha anunciado que está estudiando la sentencia con el fin de dar solución a este problema que supone que muchos ayuntamientos pierdan una vía importante de ingresos.
¿Qué es el Impuesto de Plusvalías?
Aunque se le conoce como impuesto de plusvalías su nombre real es Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, IIVTNU. Grava la revalorizacion que experimentan las viviendas, lo que significa que se paga por la diferencia de precio de un inmueble entre su compra inicial y su venta posterior. Esta tasa también recae en un bien que se recibe por herencia o donación, aunque Castilla y León bonifica el 99 por ciento de este impuesto en este caso por lo que su aplicación es prácticamente nula en la comunidad. Es un impuesto de carácter municipal, por lo que se abona a los Ayuntamientos.
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