El PSOE pregunta al Gobierno por la situación legal de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca tras caducar su inscripción oficial

Según expone el parlamentario socialista en su iniciativa, la escuela atraviesa “graves carencias en su funcionamiento”, una circunstancia que, a su juicio, estaría comprometiendo tanto la finalidad educativa de la institución como la imagen de la propia Diputación Provincial, organismo del que depende

19 may 2026 - 07:01
David Serrada. Foto de archivo.
David Serrada. Foto de archivo.

La situación administrativa de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación Provincial de Salamanca ha llegado al Congreso de los Diputados. El diputado socialista por Salamanca, David Serrada, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para esclarecer la situación legal del centro tras la caducidad de su inscripción en el Registro de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura.

Según expone el parlamentario socialista en su iniciativa, la escuela atraviesa “graves carencias en su funcionamiento”, una circunstancia que, a su juicio, estaría comprometiendo tanto la finalidad educativa de la institución como la imagen de la propia Diputación Provincial, organismo del que depende.

Uno de los aspectos señalados por Serrada es la situación registral del centro. La inscripción de la Escuela de Tauromaquia en el registro oficial correspondiente habría expirado el pasado 22 de febrero de 2026, sin que, según indica el diputado, exista constancia pública de que se haya tramitado su renovación por parte de la Diputación de Salamanca o de la administración competente.

Ante esta situación, el PSOE ha solicitado al Ejecutivo que aclare si se han llevado a cabo las gestiones necesarias para regularizar la situación administrativa de la escuela y permitir su reinscripción en el registro dependiente del Ministerio de Cultura.

Además, Serrada plantea una segunda cuestión de carácter jurídico: qué consecuencias legales podría acarrear que una escuela de tauromaquia continúe desarrollando su actividad formativa sin figurar oficialmente inscrita en el registro correspondiente.

La iniciativa parlamentaria busca determinar si la actividad del centro se ajusta a la normativa vigente y conocer el alcance administrativo o legal que podría derivarse de una eventual falta de regularización.

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