Consideran que la Junta de Castilla y León ha hecho las maniobras necesarias para la apertura de estas y otras infraestructuras a través de una ley autoaplicativa “para pasar por encima de las sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que declaraba la ilegalidad del vertedero de residuos vallisoletano por vulnerar el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva y, además, saltarse la nulidad de las licencias de obras y la declaración de impacto ambiental”, señalan los ecologistas en relación al vertedero de residuos de Valladolid, que además anuncian que lo mismo podría suceder para el salmantino.
Así, según denuncia ecologistas en base a la sentencia, “el Tribunal Constitucional se declara incompetente para pronunciarse sobre la adecuación de las leyes de aprobación de estos proyectos al ordenamiento que les resulta de aplicación, en referencia a aspectos como el interés supramunicipal, el procedimiento administrativo seguido, la evaluación de impacto ambiental o la ordenación territorial, así como las condiciones exigidas para la edificación y las medioambientales para el ejercicio de la actividad calificada que supone una infraestructura de residuos y, muy en particular, al control del cumplimiento del derecho comunitario que afecta de forma muy relevante a los proyectos regionales de infraestructuras de residuos”.
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