El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Salamanca (STE-SA) denuncia, “un año más”, que la Consejería de Educación ha vuelto a imponer “sin voluntad de acuerdo con las diferentes organizaciones sindicales”, su documento de criterios de modificación de plantillas para el próximo curso. “Siempre pensamos que se puede hacer un esfuerzo mayor por parte de esta Consejería para reconocer la realidad diferenciada de la educación de la escuela rural en nuestra provincia”.
La Consejería, denuncian, “sigue aplicando ratios máximos a efectos de calcular el número de unidades/grupos sobre el que se determina la plantilla jurídica”. La dotación de profesorado de apoyo en Infantil y primaria, lamentan, “no mejora”.
Además, critican que, otro año más, la administración educativa continúa “sin proporcionar información suficiente y actualizada a las organizaciones sindicales para la realización de nuestros análisis y contrapropuestas (especialmente los datos de la plantilla funcional de los centros)”.
En este curso –“y ya son muchos”- el STE-SA muestra su rechazo a estos criterios “por ser duros y restrictivos y porque suponen la amortización de un gran número de puestos de trabajo en las plantillas jurídicas, lo que dificultará, como todos los años, el funcionamiento adecuado de los centros públicos”.
Por todo ello, desde el sindicato califican el saldo global entre creaciones y supresiones/amortizaciones para el 2017-2018 como “muy negativo”, produciéndose una auténtica "sangría" en toda la zona rural y, empieza, de manera preocupante, a afectar a centros de la capital.
La reunión para abordar el nuevo mapa educativo de Salamanca de cara al próximo curso está prevista para el próximo 25 de enero.
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