El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la senadora socialista salmantina y ex alcaldesa de Villamayor de Armuña, Elena Diego, por lo que decidirá si la juzga por prevaricación. Cabe recordar que la Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación para ejercer un cargo público al percibir indicios de delito en el proceso de contratación de dos monitoras de tiempo libre en el municipio de Villamayor cuando era alcaldesa.
Los hechos se remontan al año 2008 cuando, según explicó la propia senadora ante el alto Tribunal en una declaración voluntaria realizada hace un año, firmó una documentación relativa al proceso de selección que previamente, como dicta el protocolo, debería haber sido revisada por el interventor y el secretario del Ayuntamiento. Posteriormente, y tras apreciarse una irregularidad debido a que no se había efectuado correctamente la revisión del contrato, se presentó un reparo al procedimiento que también fue rubricado por la alcaldesa dos meses después, matizó.
Diego aportó ante el juez en su día pruebas para demostrar nunca participó en los procesos de selección o contratación de las trabajadoras. En su momento manifestó su satisfacción por haber podido explicarse y reconoció que lo sucedido entonces en el pueblo del que era regidora fue algo ilícito en lo administrativo pero no en lo penal.
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