El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos SuarezQuiñones, ha anunciado el compromiso de promover “de forma inmediata” lacorrespondiente iniciativa legislativa para modificar la vigente Ley deTransporte Público de Viajeros por Carretera y proceder a la supresión delartículo 46.6 que establece la exigencia de aparato taxímetro homologado ymódulo luminoso exterior en los taxis interurbanos.
Durante esta semana, responsables la Consejería hancelebrado reuniones con representantes de la Plataforma de Defensa del TaxiRural y de la Federación Regional del Taxi de Castilla y León, donde se hainformado de que esta modificación de ley se articulará a través del acuerdo dela Comisión de cooperación constituida por la Comunidad Autónoma y el Estadorespecto dela aplicación de la Ley de Transporte Público de Viajeros porCarretera.
La obligatoriedad para los taxis interurbanos de estarequipados con taxímetro homologado y rótulo exterior luminosos fue recogida enla vigente ley a través de una enmienda transaccional que obtuvo el consenso delos grupos políticos. Durante la tramitación de esta ley –aprobada el pasadoaño-, la enmienda promovida por el propio sector del taxi se ha demostrado decompleja aplicación técnica y competencial a todos aquellos taxis de contenidoeminentemente interurbano y rural, donde la utilización de un elemento decarácter tan urbano produce distorsiones y no facilita el desarrollo de unservicio esencial para la movilidad de los pueblos de Castillas y León.
Esta situación había generado preocupación entre el sectordel taxi rural, lo que ha motivado que la Consejería de Fomento y MedioAmbiente dé una respuesta inmediata con la modificación de la normativa queexige a los taxis estar equipados con el taxímetro y el módulo luminosoexterior.
Si bien la exigencia de taxímetro homologado y rótuloexterior luminoso no entrará en vigor hasta el 3 de enero de 2020, el compromisoasumido ahora implica promover, en la primera iniciativa legislativa que seproduzca ante las Cortes de Castilla y León, la supresión del mencionadoartículo, permitiendo, en su caso, a la competencia estatal y a la autonomíamunicipal la regulación de la exigencia de los dispositivos citados.