La dedicación parcial que cobra la concejala "tránsfuga", María José Vicente, en el Ayuntamiento de Vitigudino es ilegal y deberá devolver todo el dinero percibido por este concepto desde el mismo momento en que abandonó el grupo político por el que se presentó a las elecciones municipales para pasar a ser concejala no adscrita.
Así lo certifica el Procurador del Común, nombre con el que se conoce la institución del defensor del pueblo en Castilla y León, en una resolución donde se se estima el recurso presentado contra la decisión mediante Decreto de alcaldía de otorgar dedicación parcial a la concejala "tránsfuga" por considerarla fuera de ley o por no tener base jurídica y donde se dice, además, textualmente, que la alcaldesa deberá notificar, “a la concejal no adscrita la resolución, fijando los efectos que ha de producir sobre las retribuciones que hubiera percibido desde el abandono del grupo político al que pertenecía y su paso a la condición de no adscrita”.
El Procurador del Común basa su resolución en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL), donde se establece que los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, a lo que añade el Procurador del Común una sentencia del Tribunal Supremo, que sienta jurisprudencia al respecto en relación a lo que se entiende por derechos económicos y políticos de los miembros de la Corporación Local no adscritos, donde se dicta que “no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de haber permanecido en su grupo de procedencia”.
Sentencia del Tribunal Supremo en la que también se dice, y recoge el Procurador del Común, que “el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, sí impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas”
De igual manera, el Procurador del Común basa su resolución haciendo referencia a otro de los artículos de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los Plenos, concretamente el artículo 10, donde se sostiene sobre los concejales no adscritos que “específicamente, los miembros no adscritos no podrán disfrutar del régimen de dedicación exclusiva, ni de dedicación parcial”.
Esta resolución del Defensor del Pueblo en la Comunidad de Castilla y León viene, afirman desde el PSOE de Salamanca, a dar la razón al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vitigudino que, el pasado jueves, denunciaba en rueda de prensa y basándose en un informe emitido por la Consejería de Presidencia de la Junta, en la misma línea que la resolución del Procurador del Común, la presunta ilegalidad cometida por la alcaldesa de Vitigudino, Luisa María de Paz, “permitiendo que una concejala tránsfuga y no adscrita cobrara una dedicación parcial en el Consistorio”.
Los socialistas, tras tener conocimiento de la decisión del Procurador del Común, “en la que se certifica la veracidad de la denuncia”, ha exigido al equipo de gobierno municipal que acate su resolución “y corrija esta lamentable situación” de la que ha hecho culpables tanto a la alcaldesa, Luisa María de Paz, a la concejala "tránsfuga", María José Vicente, al PP y al presidente de la Diputación, Javier Iglesias y el diputado popular de la comarca, Jesús María Ortiz, por ser conocedores de la situación y consentirla, y a la Secretaria del Consistorio por justificarlo.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Germán Vicente, ha manifestado que los concejales socialistas no cejaran en su empeño "para que el buen nombre del Ayuntamiento de Vitigudino quede restablecido, se cumpla con lo resuelto tanto por el Procurador del Común como la Junta de Castilla y León, y no cesarán en su labor de defender los intereses y trabajar en beneficio de todos los ciudadanos del municipio y, para que en todo momento, se cumpla la legalidad".
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