Por tercera vez un juzgado sentencia contra las retribuciones aprobadas en Vitigudino, entre ellas el sueldo de la alcaldesa, María Luisa Paz y dos concejales. Una sentencia que, según Ciudadanos, obliga a la devolución del dinero ya que la anulación del pleno de 25 de julio de 2019 y la comisión de cuentas que le precedió son nulos “con efecto retroactivo desde entonces”. Cabe recordar que hace unos días el Juzgado de lo Contencioso de Salamanca anulaba también otro pleno posterior, celebrado el 18 de enero de 2022, que volvía a aprobar los sueldos. Por tanto, esta sería la tercera sentencia contra el equipo de Gobierno de Vitigudino por el tema de los salarios.
Una sentencia que ratifica la dictada por el Juzgado de lo Contencioso de Salamanca que “ratifica la obligación de que se realicen todos los actos que sean precisos a fin de que sean repuestas las arcas públicas de las cantidades indebidamente abonadas, sino que además condena expresamente al Ayuntamiento al pago de las costas procesales”, asegura Ciudadanos que estima que el montante del dinero a devolver alcanza los 160.000 euros “a los que han de añadirse intereses legales desde agosto del año 2019, y además las cantidades que se ingresaron en la Seguridad Social como cotizaciones y las retenciones ingresadas en la agencia tributaria, todo lo cual supera con mucho la cifra de 200.000 euros, que han de regresar a las arcas municipales”.
El concejal de Cs en el Ayuntamiento de Vitigudino, José Antonio Pérez Blanco lleva con éste más de una docena de recursos judiciales contra el Ayuntamiento por causa de las “continuas ilegalidades en la toma de decisiones municipales”, afirma la formación naranja que anuncia “la presentación de más actuaciones ante lo que es un verdadero escándalo en la gestión municipal por parte del actual equipo de Gobierno, que se niega a convocar plenos, que mantiene unos presupuestos que llevan prorrogados desde 2015, que se niega a cumplir con lo ordenado en otras sentencias en materia de transparencia, y cuya última aventura consiste en aprobar una modificación de créditos para tapar gastos ya realizados por importe de más de 600.000 euros sin consignación presupuestaria, lo que además de una clara nulidad puede acarrear la consecuencia de responsabilidad personal de la alcaldesa y la anterior secretaria por disponer los pagos o contraer los compromisos de gasto sin haberse seguido el procedimiento legalmente establecido y por inexistencia o insuficiencia del crédito disponible”.
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