La denominada Operación Edgar, llevada a cabo por la Guardia Civil, ha permitido la detención de cuatro personas por falsificación de permisos de conducir nacionales e internacionales de diferentes países. La investigación se inició en enero, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de Arévalo observó que un ciudadano boliviano había presentado para su identificación y como autorización para conducir un pasaporte del Estado Plurinacional de Bolivia y un permiso internacional de conducir, de las clases B y C, expedido en la localidad de Santa Cruz (Bolivia), en el que constaba pegada una fotografía que se correspondía con las características físicas del conductor.
Sin embargo, según la Comandancia, “ante las respuestas incongruentes respecto de la obtención del permiso de conducir”, los agentes sospecharon de su autenticidad, motivo por el que solicitaron los servicios del Grupo de Investigación y Apoyo a Tráfico de la Guardia Civil de Ávila para comprobar la veracidad del referido documento, que resultó falso tras consultarse a la Interpol-Bolivia.
Así, entre los meses de enero y mayo, se desarrolló la Operación Edgar en las provincias de Ávila, Salamanca y Palencia, saldándose hasta el momento con la detención de cuatro personas de distintas nacionalidades residentes en Ávila y Salamanca como presuntos autores de delitos de de falsificación en documento oficial y contra la seguridad vial, al conducir vehículos sin haber obtenido nunca autorización.
Según la Comandancia, a través de las investigaciones se ha logrado demostrar que estas personas extranjeras y residentes en España, acogiéndose a los diferentes convenios firmados por sus países con el Reino de España, se personaban en las jefaturas provinciales de Tráfico, donde solicitaban el canje por el permiso de conducir español.
De este modo, lograban que las jefaturas provinciales, y de acuerdo con el protocolo establecido en los canjes de permisos de conducir extranjeros, realizasen la correspondiente anotación en el Registro General de Conductores de la Dirección General de Tráfico, eludiendo así, en ocasiones, la responsabilidad del supuesto ilícito penal, al conducir vehículos sin haber obtenido nunca autorización en su país.
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