Los hechos se produjeron después de haberles sustraído sus documentaciones. Entonces las mujeres utilizaban sus identidades para dar de alta líneas de telefonía en distintas compañías y también paquetes de servicios de internet o televisión. Las compañías perjudicadas exigían el importe a los presuntos deudores, sin saber ellos que debían ese dinero, en total superior a los 4.000 euros. Pero al denunciar que no se habían dado de alta en ninguno de los servicios se inició la investigación policial, que ha concluido con las presuntas autoras de los hechos.