Un promotor eólico denuncia chantajes para desbloquear el parque solar de Zarapicos

El promotor eólico Carlos Galdón Cabrera, de Avanzalia, ha acusado al que fuera consejero de Economía, Tomás Villanueva; su segundo de abordo, Rafael Delgado, y la "mano derecha de este último", el abogado Jesús Rodríguez Recio, de someterle a chantaje para desbloquear la autorización final de un parque solar que promovía en la provincia de Salamanca, hasta el punto de que llegó a pagar tres millones de euros en Mónaco.

La presente jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por la denominada 'trama eólica', la misma que investiga presuntas 'mordidas' recibidas por altos cargos de la Junta y empresarios, ha contado en esta ocasión con el testimonio del referido representante de Avanzalia, quien ha llegado a tildar de "banda" a los tres aludidos tras recordar los graves problemas que tuvo que sortear para sacar adelante sus parques eólicos en Castilla y León, el de Zarapicos y Peñacabra.

La primera fase del parque de Zarapicos en 2005, con una potencia de un megavatio, la puso en Marcha Avanzalia sin problema alguno pero fue ya a finales de 2006 cuando se encontró las primeras dificultades al promover una segunda con otros diez megavatios de cuya paralización ha responsabilizado directamente al consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido; al viceconsejero del ramo, Rafael Delgado, y a su "mano derecha", el letrado Jesús Rodríguez Recio--estos dos últimos figuran entre los tres encausados en este proceso--, de ahí que promoviera una reunión con ellos para desbloquear la situación.

"Íbamos con toda la ilusión porque iba a ser la planta más importante de Europa, con diez megavatios, pero durante la reunión vi a Villanueva y a Delgado con una sonrisa cómplice como si estuvieran pensando...estos pajaritos...Nos dieron la mano, nos fuimos y punto", ha lamentado Galdón, quien ha advertido de que la planta se encontraba ya concluida tras una inversión de 66 millones de euros y por eso, ante las presiones de los inversores por no contar con autorización, estuvo a punto de sufrir un "infarto, un ictus" porque la situación no acababa de arreglarse.

Fue entonces cuando, según denuncia en declaraciones recogidas por Europa Press, Villanueva, Delgado y Rodríguez Recio le enviaron como "emisario" al hoy fallecido Francisco Aguirre, de Aguiase SL, cuyo mensaje nada más contactar con él fue "que eran tres millones en Mónaco" para contar con la autorización pertinente para los diez megavatios del parque de Zarapicos. "Le hubiera dado también cinco millones, estaba desesperado y a punto de ir a la cárcel", ha manifestado Galdón para justificar por qué acabó cediendo a ese chantaje que, casualmente, se tradujo en una autorización administrativa el 28 de marzo de 2007.

Con posterioridad, el 20 de julio de 2007 Avanzalia firmaría un contrato de prestación de servicios con Francisco Aguirre por importe de millón y medio de euros que, como en el caso anterior, fue abonado en una cuenta en Mónaco y gracias a la intermediación de esta persona la mercantil se hizo con el parque de Peñacabra, con una potencia de 100 megavatios y adquirido a Gamesa por 500.000 euros, aunque el testigo ha denunciado que no fue hasta 2013 ó 2014 cuando descubrió que se trataba de una "auténtica estafa" porque el parque no llegaba a las 3.000 horas.

Pese a ello, Galdón ha declarado que Avanzalia siguió adelante en el parque de Zarapicos con una tercera fase, en esta ocasión con una potencia de dos megavatios, si bien el proyecto, pese a quedar ejecutado en su totalidad, se encontró entonces con el problema de no tener la conexión eléctrica de Iberdrola. El empresario remitió un escrito a la Junta pidiendo amparo frente a Iberdrola y las "presiones" a la hidroeléctrica por parte, presuntamente, de Delgado, Rodríguez Recio y Aguirre terminaron por dar sus frutos, aunque el 'peaje' que Avanzalia tuvo que abonar fue la venta "a precio simbólico" al primero y tercero de los citados de siete plantas a cada uno de ellos.

"Cada planta tenía un valor de 700.000 euros, pero al final las vendimos por 100.000 euros, por debajo de coste. No me servía de nada tener aquellas plantas sin conexión e Iberdrola no estaba por la labor", ha lamentado Galdón, quien, a preguntas del propio Rodríguez Recio, que se está defendiendo en la presente causa en su condición de letrado, no ha dudado en reiterar que quien le interpelaba "era la voz de su amo", en alusión al viceconsejero de Economía, e incluso ha llegado a recordar que en una ocasión le entregó un listado de parques "para que eligiera" alguno de ellos.

Rafael inversor en Four Innovation

La jornada ha contado también hasta el momento con la declaración de Carlos Fernando Marquerie, de la mercantil Four Innovation, en la que Rafael Delgado, una vez abandonados sus distintos cargos en la Junta de Castilla y León, entró como accionista a través de un contrato suscrito el 2 de octubre de 2012 por el que el exalto cargo se comprometía a abonar cerca de un millón de euros.

En este caso, Marquerie ha explicado que Delgado nunca llegó a aportar dicha cantidad y ha precisado que su participación se limitó a la compra de acciones por importe de 50.000 euros y al compromiso de desarrollar negocio para la sociedad por ese valor comprometido.

"Delgado quería invertir en startups y dijo que iba a entrar con un millón de euros que tenía de patrimonio familiar una vez dejada la Junta", ha manifestado el testigo, quien ha añadido que en un momento dado Delgado le propuso la entrada de una sociedad polaca participada por Alberto Esgueva, otro de los encausados, pero rechazó el ofrecimiento porque para entonces las relaciones entre ambos ya estaban "tensas y además esa empresa no tenía nada que ver con la actividad de Four Innovation".

La supuesta 'trama eólica', con presuntas mordidas por importe de más de 80 millones de euros entre los trece encausados, tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas castellanoleonesas en las promotoras de parques eólicos.

El plan consistía en exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40 por ciento.

El conjunto de las penas de cárcel que solicita el Fiscal Anticorrupción para los ausados se eleva a 123,5 años de cárcel y 850 millones de euros de multas. La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es para Rafael Delgado, como presunto cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo ya fallecido, Tomás Villanueva. Le siguen los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.