Un recluso de Topas golpea, amenaza e insulta a una funcionaria en un nuevo episodio de violencia en el penal salmantino

Los hechos se han producido durante las labores rutinarias de vigilancia en uno de los módulos del centro durante este lunes

La cárcel de Topas. Foto de archivo
La cárcel de Topas. Foto de archivo | David Arranz

Una funcionaria de vigilancia ha sido agredida en la jornada de este lunes en la cárcel de Topas mientras,esta, desempeñaba sus funciones habituales.

Los hechos se han producido durante las labores rutinarias de vigilancia en uno de los módulos del centro. La trabajadora procedía a la evacuación de la zona de celdas en el horario establecido cuando instó a un interno para que abandonara su celda. En ese momento, el recluso reaccionó de forma violenta, profiriendo amenazas e insultos reiterados, acompañados de gestos obscenos de carácter sexual.

La situación se desarrolló mientras la funcionaria se encontraba sola en la zona. El interno, lejos de acatar las órdenes, se desnudó y se introdujo en la ducha, manteniendo su actitud desafiante. La profesional actuó con rapidez, logrando aislar al interno en su celda y evitar que el incidente escalara.

Sin embargo, durante el posterior traslado del recluso, la funcionaria fue agredida físicamente, recibiendo varios golpes. Como consecuencia, sufrió un hematoma en el dedo pulgar de la mano derecha.

Desde el sindicato CSIF en Topas han condenado enérgicamente lo ocurrido, denunciando que las agresiones a funcionarios de prisiones no pueden convertirse en algo habitual. Asimismo, han subrayado la gravedad de los comportamientos intimidatorios, vejatorios y de componente machista hacia las funcionarias, que desempeñan su labor en entornos de elevada presión y riesgo constante.

El sindicato advierte de una situación “insostenible” en los centros penitenciarios, que describe como “ollas a presión” debido a la falta de personal, la escasez de medios y una normativa que consideran desfasada frente a la realidad diaria.

Ante este escenario, CSIF reclama medidas urgentes, entre ellas el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una reforma normativa que refuerce su protección jurídica, la modernización de los medios de intervención y un aumento significativo de recursos humanos y materiales.

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