Trece talleres ilegales de vehículos desmantelados por la Guardia Civil en Salamanca

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca lograron desmantelar el pasado año un total de trece talleres ilegales de reparación de vehículos.

Se trata del resultado de un operativo que estuvo dirigido a la inspección y el control de talleres de la actividad de instalaciones que se dedicaban a reparar vehículo, con el fin de detectar posibles actividades ilícitas.

Según la información proporcionada por la Guardia Civil de Salamanca a través de un comunicado de prensa, todos los talleres desmantelados carecían de licencia de apertura, así como cualquier permiso de industria o medio ambiente necesario para la actividad, siendo formalizadas previamente un total de treinta y ocho denuncias administrativas. Además, muchos de los titulares de estos supuestos talleres son reincidentes, solo que han cambiado la ubicación de sus instalaciones.

Tal y como argumenta el Instituto Armado, estos talleres irregulares “son instalaciones que pueden causar daños al medio ambiente o producir molestias y riesgos para las personas o bienes, al alterar las condiciones de salubridad por la carencia de reciclaje de los productos de desecho”.

En ese sentido destacan que una práctica frecuente de estos locales es el vertido de líquidos procedentes de los vehículos (aceites usados, líquidos hidráulicos, de baterías, pinturas, disolventes…) que acaban en el alcantarillado público.

Este acto contra el medio ambiente también afecta a las depuradoras, puesto que no están adaptadas a los compuestos químicos de este tipo, haciendo, por tanto, que se incrementen los gatos de corporaciones locales para su reparación.

Del mismo modo, apunta al vertido de componentes desechables en cunetas y lugares en el campo que no están destinados para ese fin.

Desde la Guardia Civil se advierte “que las reparaciones realizadas en talleres ilegales no solo incumplen la normativa medioambiental, sino que además representan un fraude al consumidor, así como un riesgo a la seguridad vial al efectuar reparaciones carentes de garantías y control de calidad. Además, constituyen un campo de cultivo propicio para el fraude fiscal y para el incumplimiento de la normativa reguladora de la Seguridad Social y derechos de los trabajadores”.