El grupo parlamentario Podemos CyL plantea que en la negociación colectiva y en la mesa para el Diálogo Social, se tenga en cuenta la aplicación de los tratados internacionales, la Carta Social Europea y la Directiva Europea sobre trabajo temporal, para que “la contratación temporal se sujete de forma estricta a principio de causalidad y para que se sancione de forma plenamente disuasoria la utilización fraudulenta y abusiva de la contratación temporal”, acatando la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea y la Directiva sobre trabajo temporal en todos los acuerdos entre Junta, Cecale y los sindicatos UGT y CC.OO
Con esta iniciativa, la portavoz de Empleo de Podemos CyL, Adela Pascual, pretende contribuir a frenar la precarización. La contratación laboral en el primer trimestre de 2018 en Castilla y León fue de 200.600 contratos de trabajo de los cuales solamente 20.874 fueron indefinidos. El resto, los 179.726 temporales, más del 33 por ciento tienen una duración de menos de siete días es decir contratos de días e incluso por horas, ratificándose la profunda precarización de las relaciones laborales en Castilla y León.
“Son contratos doblemente precarios al ser temporales y a tiempo parcial, causa que explica por qué aumentando el empleo, en Castilla y León no crecen las cotizaciones sociales al mismo ritmo que en el resto del país”, señalan.
Los propios sindicatos UGT y CC.OO denuncian que “con un volumen de empleo similar al 2005, en Castilla y León la precarización es mucho mayor, con más trabajadores a tiempo parcial, y de éstos más de la mitad lo están de manera temporal”.
En empleos por días, incluso por horas, es una tendencia al alza en el mercado laboral. Así se observa en las estadísticas que difunde el Servicio Público de Empleo Estatal, donde se detalla cómo los contratos con una duración inferior a los siete días se situaron en más de cinco millones.
Podemos pide a la Junta incorporar las directivas europeas sobre trabajo temporal a la negociación con el diálogo social
Del mismo modo, pide que también se tenga en cuenta los tratados internacionales y la Carta Social Europea
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