Nuevo revés para la Diputación de León en materia laboral. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a la que ha tenido acceso este periódico, anula la aprobación en 2016 de las bases que regulaban un concurso de traslados por el que se reordenaban los puestos de trabajo de la institución para favorecer a funcionarios en lugar de interinos en la ocupación de ciertas plazas.
Este plan era parte de una gran reestructuración laboral que inició la Diputación de León bajo la presidencia de Juan Martínez Majo con el objetivo de dejar atrás las habituales polémicas laborales que la rodean. Pero ahora este sentencia deshace el modo de cambiar la estructura laboral nueva y deja en el aire todos los traslados diseñados en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el 2017, poniendo de nuevo patas arriba laboralmente la institución. El propio Majo reconocía a finales del 2016, cuando se aprobaba el plan, que los cambio laborales Diputación iban a traer "quebraderos de cabeza" pero que eran "necesarios".
Los trabajadores interinos vieron como inicialmente su recurso contencioso-administrativo era rechazado por el juzgado número 1 de León por "falta de legitimación activa" de los demandantes, que recurrieron la decisión al TSJ. Éste ahora les da la razón y anula las bases de los concursos ordinarios de méritos reservadas al personal funcionario de la Diputación.
La sentencia señala que la desestimación debe ser revocada al no ser las bases un acto administrativo sino una disposición de carácter general. Además entra en materia y anula las bases "ya que ha sido dictada por un órgano incompetente y sin seguir el procedimiento legalmente establecido". Las citadas normas se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia tras haberlas aprobado la Junta de Gobierno de la Diputación, es decir, en base a la mayoría absoluta del PP y sin pasar por el Pleno de la institución, máximo órgano de Gobierno. Recalca la sentencia que las disposiciones generales son de aprobación por el pleno provincial como competencia exclusiva, que se saltó en este proceso y provoca por tanto su anulación.
El temor de los sindicatos cuando se planteó este asunto era si la reubicación de funcionarios en puestos hasta ahora ocupados por interinos iba a provocar despidos, algo que negó el equipo de gobierno provincial. La cuestión principal era que de un amplio número de funcionarios de carrera sus puestos de trabajo estaban desde su origen en puestos alejados de la capital leonesa, especialmente asociados a los centros asistenciales -como por ejemplo Cosamai en Astorga o Nuestra Señora del Valle en La Bañeza-, dado que otras vacantes más 'golosas' en León capital habían sido cubiertas por interinos, algunos de los cuales llevan en esa condición temporal 15 y hasta 20 años en algunos casos.
La oferta que se diseñaba suponía que los interinos con más de cinco años de contrato pasarían a ocupar puestos por concursos de provisión, de manera que no se quedaran colgados al ocupar su actual plaza un funcionario. Los de menos tiempo deberían reiniciar su proceso laboral con la administración provincial.
El macroplan del PP incluía además, entre otras cuestiones, cambios en varios servicios como la división del Servicio de Asistencia a Municipios y Cooperación en dos para salvar la decena de sentencias que anulaban nombramientos prácticamente a dedo de altos funcionarios afines al 'Carrasquismo'. La complejidad de las sentencias y su ejecución llevaron a separar en dos este servicio, como ya estaba antiguamente, por lo que las plazas a dedo desaparecían y por tanto los problemas judiciales a ellas asociadas.
Procesos adelante
La Diputación sigue estando en el ojo del huracán laboral por diversos asuntos aunque avanza en la reforma de sus puestos que afectan a buena parte de sus casi 1.200 empleados. Además de polémicas contrataciones como las 'oposiciones exprés' que el PP convocó sin temario, ni número de plazas y en plena navidades y justificó por "razones perentorias", la institución ha hecho fijos al personal de la Cueva de Valporquero y ha abordado nombrar puestos de dirección en las estaciones de esquí.
Además, ante la creación 'inmediata' de los parques comarcales de bomberos, se creó el nuevo Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) aunque de momento el concurso para nombrar a su primer Jefe de servicio ha quedado insólitamente desierto.
Contra la sentencia del TSJ cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Un tribunal que, por cierto, ya recriminó en su día la política laboral de la Diputación con una sonora sentencia que criticaba el 'descuelgue' del convenio colectivo que hizo la institución en época de Isabel Carrasco gracias a la reforma laboral del PP.
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