​El Juzgado de Instrucción nº2 de Salamanca abre diligencias previas sobre la denuncia contra Fernández Mañueco e investigará los hechos

El titular del Juzgado ha decretado el total secreto de las actuaciones y estima que se han podido producir presuntos delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y falsedad documental en documento oficial 

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El Juzgado de Instrucción nº2 de Salamanca ha acordado incoar diligencias previas ante la denuncia presentada este pasado martes, 4 de junio, en el Decanato de los Juzgados de Salamanca y en la que se asegura que el Partido Popular de Salamanca, con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, habría pedido un “impuesto revolucionario” a concejales y diputados salmantinos para financiar las cuotas de los afiliados no abonadas y que así estos pudieran votar en las elecciones primarias del PP de Castilla y León de 2017 que enfrentaron al otrora alcalde de Salamanca y Antonio Silván, entonces alcalde de León, y en la que venció el salmantino con claridad, según reveló diario16.com.

Así, tal y como se recoge en auto emitido por este Juzgado, los hechos que resultan de las anteriores actuaciones “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de coacciones […], de un delito de financiación ilegal de partido político […], y de un delito de falsedad documental en documento oficial”, correspondiendo la instrucción a dicho órgano judicial “según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y demás normativa concordante”.

El Juzgado de Instrucción nº2 explica que “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido” es procedente que, con lo dispuesto en los artículos 757 y 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”.

Respecto a que se trate de una denuncia anónima, el Juzgado de Instrucción nº2 recuerda que “es legal”, ya que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo de España así como la Fiscalía General del Estado les han dado siempre validez, aunque también matiza en el auto que “los Juzgados han de actuar con la máxima prudencia en la investigación de la información que se aporta confidencialmente”.

Es por ello que, de manera “imprescindible”, el titular del Juzgado ha declarado “el secreto total de las actuaciones con acceso exclusivamente al Ministerio Fiscal”.

Este es el auto completo:

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