​Castilla y León se desmarca de las otras comunidades gobernadas por el PP y vota a favor de las restricciones de movilidad propuestas por el Gobierno

​Castilla y León se desmarca de las otras comunidades gobernadas por el PP y vota a favor de las restricciones de movilidad propuestas por el Gobierno
​Castilla y León se desmarca de las otras comunidades gobernadas por el PP y vota a favor de las restricciones de movilidad propuestas por el Gobierno

Madrid, con la que en un principio se llegó a un acuerdo este martes, Galicia, Cataluña, Andalucía y Ceuta han rechazado la propuesta, mientras que Murcia se ha abstenido. Esto implicará que los municipios de más de 100.000 habitantes, con una incidencia superior a los 500 casos, serán confinados

Castilla y León se ha desmarcado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP y ha votado a favor de la propuesta presentada por el Ministerio de Sanidad para restringir la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con una incidencia superior a 500 casos de COVID-19 en las últimas dos semanas.

Una propuesta que ha sido rechazada por Madrid -pese a que fue con la comunidad autónoma con la que se negociaron los criterios para las restricciones-, Galicia, Andalucía y Ceuta así como por Cataluña. El resto de comunidades autónomas la han aprobado. Además, la región de Murcia se ha abstenido en la votación del documento. De esta forma, el documento presentado por Sanidad se traslada a la Ponencia de Alertas de Salud Pública para trabajarlo técnicamente.

En el borrador que ha presentado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a las comunidades autónomas se contemplaba restringir entradas y salidas de las personas que vivan en grandes municipios (más de 100.000 habitantes) con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Un criterio que actualmente cumple Madrid así como otros municipios de su periferia pero no Salamanca, única localidad de nuestra provincia que se podría ver afectada por estas medidas.

Además, establecía que debían de presentar un porcentaje de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por COVID-19 realizadas en las dos semanas previas superior al 10%; y la comunidad autónoma a la que pertenece tener una ocupación de camas por pacientes Covid-19 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) superior al 35% de la dotación habitual (época pre-COVID-19).

Sin embargo, esta tarde la Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en la que pide criterios "objetivos y claros" para todas las comunidades autónomas e insta a Sanidad a que no se ciñera solo a estos indicadores. Y es que, tal y como han señalado, en el caso de la región madrileña, debería tenerse en cuenta el criterio de capacidad de elasticidad en camas de hospitalización y de puestos de UCI".

"La Comunidad de Madrid tiene la disponibilidad de ampliar la capacidad hospitalaria en caso necesario y está concluyendo además la construcción del nuevo Hospital público Enfermera Isabel Zendal, que incrementará notablemente dicha respuesta asistencial. Además, se debe tener en cuenta que la ciudad de Madrid es un conjunto de 21 distritos, de los que 18 superan los 100.000 habitantes, y por tanto, los índices no se pueden aplicar, en su conjunto, a toda la ciudad", ha dicho la Consejería de Sanidad.

Precisamente, otros gobiernos autonómicos como el del País Vasco, Aragón, Cataluña, Asturias, Navarra, Extremadura y Andalucía han mostrado a lo largo del día su malestar por el acuerdo que alcanzaron anoche el Gobierno central y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, y que ha habría sido contemplado en cierta medida en el borrador debatido en el CISNS.

De hecho, el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, ha destacado que su comunidad "no va a pactar las condiciones para Andalucía en ciudades de más de 100.000 habitantes", sino que eso deberá acordarse entre Junta y Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Otras medidas contempladas en el documento del Ministerio de Sanidad pasaban por restringir a un máximo de seis personas las reuniones familiares y sociales, tanto en la vía pública como en los espacios privados, excepto en el caso de actividades laborales e institucionales; cerrar los parques infantiles de uso público; reducir aforos y horarios; y cerrar las barras de los bares.

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