En algunas Comunidades Autónomas se mantiene en el calendario oficial para niños en edad temprana y en otras se ha desplazado a la preadolescencia y todo ello sin mediar ningún problema en cuanto a su seguridad o efectos adversos declarados y sin apreciarse diferencias epidemiológicas entre unas y otras comunidades. “Las decisiones que han abocado a esta situación, diferente en distintas zonas del país, han sido tomadas por las autoridades sanitarias de forma unilateral sin tener en cuenta la opinión de las sociedades científicas y los profesionales sanitarios que tampoco han sido convenientemente informados de su puesta en marcha, siendo además los responsables últimos de su administración. Creemos que existen argumentos científicos con suficiente evidencia como para replantear las decisiones vigentes, considerando que estas han sido tomadas teniendo en cuenta, en parte, modelos matemáticos cuyas proyecciones pueden o no confirmarse”, argumentan los pediatras.
Añaden que la inmunización de población susceptible constituye la medida más eficaz para el control de enfermedades infecciosas para las que existe vacuna. En España la vacunación infantil es una práctica, salvo en grupos poblacionales muy concretos y reducidos, muy bien aceptada y demandada por los padres de forma que la cobertura vacunal presenta unas tasas muy altas en población infantil lo que lógicamente redunda en la disminución de la morbi-mortalidad provocada por estas enfermedades.
“Para que se mantengan estas altas tasas de cobertura vacunal las autoridades y los profesionales sanitarios debemos trabajar en el mismo sentido, de forma coordinada y cualquier disenso entre ambos, en caso de existir, debe ser adecuadamente explicado. En caso contrario (de no ser así) se corre el peligro de crear en la población una situación de escepticismo, cuando no de descrédito que afecte no a una vacuna en concreto sino al hecho en sí de la vacunación en general lo que supondría un gravísimo problema de salud pública”, continúa el escrito de los pediatras.
Por eso, consideran que fruto de esta desinformación y de esta disparidad de actuaciones “estamos asistiendo a una situación de alarma innecesaria en la población que intenta conseguir la vacuna a través de vías de suministro no controladas y no aconsejables porque no aseguran las condiciones de conservación y seguridad necesarias para conseguir la eficacia de la misma. Hemos recogido también numerosos casos de pacientes sanos que sin estar incluidos, ni ellos ni su entorno, en ningún grupo de riesgo son vacunados en hospitales privados. Estos casos nos hacen suponer que ni el suministro de dosis vacunales ni las condiciones de administración de las mismas sigue los mismos criterios en los hospitales privados que en los centros que pertenecen a la red pública”.
En resumen, consideran que “esta situación de vacunación errática, con productos no controlados, cuya viabilidad se desconoce, impedirá hacer un análisis de cobertura, eficacia, efectos adversos, etc… datos indispensables para conocer la epidemiología de la enfermedad”. Por eso, los criterios de riesgo y situaciones clínicas en que la vacunación debe realizarse fuera de calendario deben revisarse, actualizarse y publicarse, informando adecuadamente a los profesionales sanitarios y deben aplicarse independientemente del ámbito de ejercicio, público o privado.
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