Triana gana el 'pulso' judicial que Isabel Carrasco emprendió contra ella

Triana gana el 'pulso' judicial que Isabel Carrasco emprendió contra ella

Es definitivo: la Diputación de León ha perdido el litigio instigado en su día por la presidenta Isabel Carrasco contra Triana Martínez, la ex funcionaria encarcelada junto a su madre por el asesinato de aquella en mayo del año pasado. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León dictó a principios de este mismo mes de junio la sentencia definitiva en la que rechaza el último recurso de la institución provincial, el último intento de la Diputación por cobrar de Triana los 6.583 euros de los más de 11.000 que la institución entendía que habría cobrado de más entre 2007 y 2011. El motivo que el alto tribunal alega para cerrar definitivamente el caso es la "caducidad en el procedimiento de lesividad tramitado". La Junta de Gobierno del PP se dio por enterada de la sentencia en la sesión del pasado 15 de junio, según ha podido confirmar iLeon.com.

La decisión incluye la condena en costas para la Diputación leonesa lo que, sumado al coste de abogados acumulado en estos últimos años y otros trámites judiciales, hace que la institución se haya gastado considerablemente más dinero público que los 6.583 euros que reclamaba a Triana Martínez.

El arranque de la demanda fue una decisión personal de Carrasco, que después de varios años de una excelente relación personal y laboral con Triana, a la que situó a su lado en la institución tras alcanzar la Presidencia en 2007, decidió convocar la plaza de técnico de informática que ésta ocupaba interinamente. Para entonces, las relaciones entre ambas eran de gran tensión a raiz de una reunión a puerta cerrada en el Palacio de los Guzmanes sobre un contrato de 26.000 euros que Carrasco adjudicó a la empresa en la que trabajaba entonces su pareja sentimental y una conocida alcaldesa del PP.

La joven vio cómo esa plaza fue ocupada por otra persona, la cual antes de tomar posesión decidió curiosamente renunciar a ella, tras lo cual la presidenta amortizó el puesto de trabajo, cerrando para siempre la puerta laboral de Triana en la Diputación. A continuación, puso en marcha la reclamación económica contra ella por entender que Triana había ingresado durante esos años la totalidad de un complemento específico que debería haber sufrido una rebaja del 30%, al tener concedida la compatibilidad para realizar trabajos ajenos a la institución desde el 2 de julio de 2007. Un dinero que no le reclamó cuando la relación era buena, permitiéndole cobrarlo íntegro sin problemas.

Ya en febrero de 2013, aún en vida de Carrasco, la Justicia ya falló a favor de Triana Martínez, recomendando entonces la vía de la declaración de lesividad por parte de la Diputación. La presidenta ordenó nuevamente seguir esa vía de lesividad y pocos meses después de morir por los disparos de Monserrat González, madre de Triana, y nuevamente la institución perdió ante la joven por diversos defectos. El recurso de apelación de la Diputación es el que ahora rechaza el TSJ y no hay posibilidad alguna de volver a recurrir.

En la instrucción penal contra Monserrat González, autora confesa del asesinato, y su hija Triana, el odio personal de Carrasco contra la joven ex funcionaria, también afiliada al PP como su madre, ha sido reinteradamente destacado como germen del asesinato por parte de la defensa desde las primeras declaraciones e interrogatorios al que ambas fueras sometidas.

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