El informe de UPA demuestra un comportamiento mimético entre las diferentes empresas de la distribución en relación con el precio del pollo, que en su opinión “no encaja con la legislación de competencia, de comercio ni de la cadena alimentaria”.
UPA ha estudiado a lo largo de trece meses los precios del pollo en origen, en matadero, los costes de la distribución, almacenaje y logística y, finalmente, los precios de venta al público. Las conclusiones son claras: “Las cadenas de súper e hipermercados usan el pollo como producto reclamo para los consumidores y lo venden por debajo de costes”, aseguran.
Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, pedirá al director de la Agencia de Información y Control Alimentarios, José Miguel Herrero, y a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que apliquen la ley y eviten estas prácticas que han provocado el cierre de una de cada cinco granjas avícolas en los últimos siete años, generando pérdidas de 18,7 millones de euros al sector en un año.
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