Podemos condena los “abusos” de las eléctricas

Podemos condena los “abusos” de las eléctricas
 La formación morada critica las tramas estudiadas por Facua en relación a la subida de precios de las facturas de la luz y denuncia que dichas empresas han encarecido el recibo hasta en un 26,2%. Podemos desea que “la responsabilidad social de estas entidades sea una realidad y no un mero lavado de cara”

El último estudio comparativo sobre las tarifas del mercado libre realizado por FACUA-Consumidores en Acción revela algo que, para Podemos Salamanca, supone “no solo una clara violación de los derechos del consumidor, sino también la demostración, una vez más, de unas prácticas abusivas que se traducen en una evidente situación de pobreza energética en Salamanca y en todo el territorio”.

FACUA ha comparado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que supone una tarifa semiregulada a la que se acogen la mayoría de los hogares, con las tarifas ofertadas por ocho grandes empresas eléctricas. “El resultado de este estudio saca a la luz, un entramado que lleva a encarecer el recibo hasta en un 26,2% e incluso en un 68,2% si el consumidor esta acogido al bono social”, concluye Podemos.

“Además, las trabas impuestas para reducciones y acceso al bono social son altísimas, sin embargo, una vez concedido y aplicado el bono en el contrato que se solicita, el seguimiento sobre la necesidad o no de ese bono en casos de venta de la vivienda o alquiler a terceros, parece quedar fuera de la responsabilidad de la empresa, lo que podría llevar a que si un fondo buitre comprase un inmueble de una persona sin recursos, podría beneficiarse de su bono social, tan solo con mantener el contrato original”, han denunciado.

Para Podemos Salamanca, “el evidente enriquecimiento de las grandes empresas del sector eléctrico es a consecuencia de una clara devaluación de los derechos del consumidor y una más que probada subida de las facturas”.

En palabras de Ignacio Paredero, “es incomprensible que las mismas eléctricas que realizan ofertas que encarecen la factura de la luz de los más necesitados y que se niegan a evitar la pobreza energética, derrochan recursos por su mala gestión al permitir beneficiarse del bono social a personas o empresas que no tienen derecho a él”, y añadió que “desde las instituciones públicas se debe hacer todo lo que esté en su mano para defender los derechos de una ciudadanía cada vez más exprimida por unas empresas eléctricas que piensan principalmente en su enriquecimiento y no en el interés colectivo”.

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