El Gobierno aprobará nuevas medidas para facilitar las denuncias por maltrato

El Gobierno aprobará nuevas medidas para facilitar las denuncias por maltrato
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha mantenido una reunión con la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, con el fin de estrechar la coordinación y mejorar los dispositivos y recursos de la lucha contra una lacra que este año ha causado, por el momento, el asesinato de cuarenta mujeres. Así, se ha convocado un pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer que integran las organizaciones de mujeres, comunidades autónomas, agentes sociales y ministerios implicados en la erradicación de la violencia de género.
 
Entre las propuestas que se han debatido figuran las orientadas a facilitar y promover las denuncias contra los malos tratos. Además de reforzar todos los canales de sensibilización orientados a tal fin, el Ministerio y el órgano de gobierno de los jueces impulsarán mecanismos de coordinación para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispongan de aquellas denuncias y partes de lesiones que no hayan sido presentadas en dependencias policiales con el objetivo de conocer en el momento de la valoración policial de riesgo todos los hechos o circunstancias que puedan influir en su apreciación, garantizando además la existencia de valoración en todos los casos.
 
Asimismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Observatorio han acordado acelerar los trabajos que en el seno del grupo creado para la mejora del cuestionario de valoración policial del riesgo se vienen celebrando desde el pasado mes de julio. Entre los criterios manejados para dicha mejora, se encuentran la inclusión de variables relacionadas con la vulnerabilidad de las víctimas, presencia de hijos o hijas, situación laboral y discapacidad, y siempre con el fin de precisar el nivel de riesgo del modo más certero.
 
Protección de menores de edad
 
En el caso de los menores, el Proyecto de Ley de Estatuto de la Víctima del Delito incluye un apartado que establece que los órganos judiciales, cuando resulte necesario al fin de proteger a la víctima menor de edad, adopten motivadamente medidas como suspender la patria potestad o establecer un régimen de supervisión del ejercicio de la patria potestad o tutela. Además, podrán suspender o modificar el régimen de visitas o comunicación, cuando resulte necesario para garantizar la protección del menor.
 
Dentro de la reforma del Código Penal, en tramitación parlamentaria, figuran nuevos delitos relativos al matrimonio forzado, al acoso u hostigamiento a la mujer; o al acecho, muy relacionado con el mal uso de las nuevas tecnologías. La manipulación de los brazaletes electrónicos que permiten el control del tiempo de cumplimiento de la pena por el agresor, así como la supervisión de la aplicación de medidas de seguridad o cautelares, se ha tipificado también como delito.
 
La ampliación de la libertad vigilada como mecanismo para la tutela penal y para la protección de las víctimas frente a agresores peligrosos es un ejemplo, aunque no el único: el recientemente aprobado Estatuto de la Víctima, que ya tiene el visto bueno del Consejo de Ministros, abren la puerta a que la mujer recurra decisiones judiciales sobre movimientos del preso por malos tratos (hasta ahora era informada) y declare el menor número de veces posible durante el proceso que se sucede de la denuncia; además, podrá estar acompañada por una persona que decida aparte de su representación legal, se evitará contacto visual con el agresor, podrá ser oída sin estar presente en la sala de vistas y se protegerá su intimidad.
 
Los juzgados de violencia sobre la mujer, por su parte, incluirán en sus radios de competencia delitos que actualmente corresponden a los juzgados de instrucción, como los quebrantamientos de la pena o de la medida cautelar impuesta, contra la intimidad o la propia imagen de la mujer /revelación de secretos o ciberacoso) y delitos de injurias, en estos supuestos siempre que la víctima sea la pareja o expareja del presunto agresor.
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