Nueva legislación para agilizar la implantación de nuevas superficies comerciales

Nueva legislación para agilizar la implantación de nuevas superficies comerciales
El Consejo de Ministros también ha aprobado una modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista para agilizar la implantación de nuevas superficies comerciales, que serán también de aplicación en los casos de traslado o ampliación de superficies. Así, se limitan los supuestos de exigibilidad de licencia, se establece un procedimiento integrado y se reduce a la mitad el plazo.
 
La implantación de establecimientos comerciales sólo se podrá someter a una única autorización que se concederá por tiempo indefinido, cuando concurran razones imperiosas de interés general (se contempla exclusivamente el caso de que las instalaciones o infraestructuras físicas sean susceptibles de generar daños en el medio ambiente, el entorno urbano y el patrimonio histórico artístico). En el procedimiento de concesión no podrán utilizarse requisitos de carácter económico, entre otros aquellos que limiten la libertad de establecimiento a la acreditación de la existencia de demanda efectiva , por lo que se eliminan restricciones injustificadas por la defensa de modelos empresariales determinados en detrimento de otros y la intervención de los competidores en los procesos de autorización.
 
También se profundiza en las medidas para la simplificación y racionalización administrativas, consagrando el procedimiento integrado para la autorización comercial mediante la inclusión de todas las actuaciones en un único procedimiento. Esto es, bien la comunidad autónoma o bien el Ayuntamiento tramitarán de forma conjunta la solicitud de implantación de la superficie comercial, por lo que el operador acudirá a una ventanilla única. Actualmente tienen que acudir por separado a cada una de ellas.
 
Además, se reduce el plazo para la resolución de estos procedimientos de seis a tres meses. Ya existen comnidades autónomos con procedimientos abreviados (plazo máximo de un mes en determinados procedimientos) o donde los procedimientos se sujetan a un régimen de comunicación previa o declaración responsable, e incluso se han eliminado todo tipo de intervenciones previas, incluidas licencias municipales.
 
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