El Pleno de la Diputación aprueba por unanimidad la disolución de Ifesa

El Pleno de la Diputación aprueba por unanimidad la disolución de Ifesa
La Diputación de Salamanca aprobó por unanimidad en la sesión plenaria celebrada este martes la disolución de la Institución Ferial de Salamanca (Ifesa) y la consiguiente apertura del periodo de liquidación.

Pese al acuerdo de ambos grupos, el Partido Socialista reprochó al equipo encabezado por Javier Iglesias que la situación de incertidumbre en la institución “se alargara más de lo necesario”. De igual modo, el portavoz socialista Isidro Rodríguez, avanzó que serán los tribunales los que decidan si Salamaq puede haber incurrido en una subrrogación de la vieja Agromaq “ante lo que habría que pedir las responsabilidades oportunas”. Por tal motivo, argumentó que la Diputación podría llegar a verse afectada en sede judicial ante lo que “sería lamentable una nueva sentencia desfavorable en temas de personal que, además de minar su prestigio, afecte a las arcas provinciales”.

Entre los argumentos para justificar el apoyo socialista al proceso de disolución está el de agilizar el pago a proveedores, razón esgrimida también por el portavoz del equipo de Gobierno, Carlos García Sierra, quien recordó que la propuesta ha llegado al Pleno tras ser respaldada por la mayoría de agentes sociales presentes en el comité ejecutivo de Ifesa. 

En el caso de que, como advierte el PSOE, hubiera que recurrir a los tribunales, García Sierra explicó que la Diputación “cuenta con argumentos para defenderse”. De igual modo resaltó que Salamaq “ha sido un éxito y hay que felicitarse por ello”.

 
480.000 euros para las diócesis
 
PP y PSOE también se pudieron de acuerdo para dar el visto bueno a  la aportación de 480.000 euros a las diócesis de Salamanca (300.000), Ciudad Rodrigo (120.000) y Plasencia (60.000) durante los años 2014 y 2015. Lo mismo sucedió con las solicitudes de los Ayuntamientos de Villagonzalo de Tormes, Villamayor y Serradilla del Arroyo para cambiar las obras incluidas en el Plan Provincial 2014-2015 sin que hubiera variaciones en el importe. En esa misma línea, destaca la unanimidad para dar luz verde a propuestas de modificación de créditos, a la modificación del los estautos del Consorcio para la Gestión Integral de Residuos en la provincia de Salamanca (GIRSA) o al prórroga de plazo para acreditar la contratación y ejecución de los proyectos de inversión a ejecutar en los municipios de Peñaranda de Bracamonte y Olmedo de Camaces.

Diferencias

El distanciamiento entre populares y socialistas quedó patente en el tramo final de la sesión plenaria, cuando el PSOE planteó una serie de mociones y preguntas a la bancada popular.

 

Tras el ‘encontronazo’ de Ifesa, Equipo de Gobierno y oposición entraron a debatir el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) pues mientras que los socialistas llevaban una moción criticándolo, el PP incluyó en el orden del día otra que lo respaldaba.

 

El portavoz del PSOE, Isidro Rodríguez, argumentó que la reforma no debe tener lugar “al menos hasta que no se celebren las próximas elecciones municipales” tras las que, añadió, “buscaríamos el consenso de todos los grupos políticos para planteárselo”. Decretar que gobierne la lista más votada, supone para el PSOE “anular la pluralidad y, sobre todo, el debate, los acuerdos y la participación de las fuerzas minoritarias”.

Desde el PP, sin embargo, se recordó que no se trata de un hecho motivado por los resultados de las últimas elecciones europeas -como acusa mayoritariamente la oposición- pues se lleva intentando llevar a cabo esta reforma desde el año 1998 hasta el punto de que en el programa electoral de 2011 consta que la formación promoverá “la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos garantizando, al mismo tiempo, la estabilidad de los ayuntamientos”.

El desencuentro también se produjo a propósito de la propuesta del Grupo Socialista -finalmente rechazada- referente a la modificación de la normativa reguladora de las becas en la educación postobligatoria. El PSOE reclamaba que el pleno instara al Gobierno de España a cambiar la normativa reguladora de las becas “para recuperar íntegramente su naturaleza de derecho y establecer criterios claros, objetivos y ponderables en su concesión de tal manera que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los cuales se le otorgan y la cuantía que percibirá si le es concedida”.

De igual modo, intenta que se reclame al Ejecutivo central que restituya los requisitos académicos vigentes para el curso 2011-2012, “fijando como cuantías base para las componentes de compensación y por movilidad las de ese mismo curso”. Actualizar los umbrales de renta y patrimonio según la variación del IPC desde 2011 es otra de las reclamaciones de esa moción en la que también se pide que un periodo máximo de 3 meses para la resolución de los expedientes de solicitud de beca y para reducir el importe de los precios de las matrículas universitarias.

El mayor punto de fricción estuvo en las cifras expuestas por unos y otros pues mientras la diputada socialista Carmen García habló de una reducción en 275 millones de euros y un 40 % menos en los últimos años, “lo que no garantiza el derecho a la educación en igualdad de condiciones”, el portavoz popular y vicepresidente primero de la Diputación, Carlos García Sierra, resaltó que el PP “ha salvado el sistema de becas de la quiebra además de incrementar el presupuesto hasta superar los 1.400 millones de euros”. En esa línea, dijo, también se ha producido un aumento del 8,5 % en el número de becados.

 
La tendencia se mantuvo en el debate sobre la moción relativa al derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en Bibliotecas.
En el caso de las mociones relativas al fomento de la Vía de la Plata-Camino de Santiago del Sur a su paso por Salamanca y  a la creación de un grupo de trabajo que estimule la puesta en marcha del Consejo Provincial de Cooperación al Desarrollo al estilo de los que ya existen en otras provincias y Diputaciones, fueron finalmente retiradas tras el consenso entre ambos grupos para poder matizar mejor sus términos.

Finalmente, durante el turno de preguntas, los diputados provinciales supieron que la Diputación ya está adoptando medidas para poder erradicar de la finca Castro Enríquez los problemas sanitarios padecidos en los últimos meses. 

El tono se elevó en el caso de la respuesta al Procurador del Común respecto a una plaza laboral en la residencia provincial. A juicio del PP no cabía tal contestación porque la persona aludida “había pasado a una situación distinta que la del servicio” mientras que el PSOE considera un deber el hecho de contestar, sobre todo, ante un informe “demoledor” de la institución consultiva regional. 

 
 
 
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