El pasado 2 de febrero de 2015 llegaba al registro del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes un escrito de la Junta de Castilla y León solicitando la devolución de una subvención otorgada en septiembre de 2011 por importe de 24.375,48 euros (de los 131.500 solicitados por el equipo de gobierno del PP), para la realización de actuaciones de interés educativo con el alumnado inmigrante durante ese año.
En aquel momento, y como consta en las actas plenarias de mayo y junio de 2012, la ejecución de dicha subvención fue cuestionada por la concejala de Izquierda Unida María Asunción Barandiarán quien en su momento recabó documentación ?poniendo en cuestión algo grave como que algunas de las actuaciones que el entonces alcalde certificó haber llevado a cabo no se hubieran realizado, que otras nada hubieran tenido que ver con el objeto y finalidad de la subvención, y que en todo caso, la justificación de la subvención era absolutamente deficiente?.
Entonces, recuerdan desde IU, ?se denunció que la empresa Martín Tapia, que había recibido más de 50.000 euros en contratos había sido adjudicataria de gran parte de aquellos trabajos de cuya finalidad, e incluso, autenticidad se llegó a dudar?.
Las dudas, advierte Izquierda Unida, ?también debieron de caer en la Junta quien a través de la Intervención General de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y el Plan de Control Financiero seleccionaron la subvención arriba indicada para realizar su seguimiento y control financiero, así como la resolución del programa objeto de subvención y otra serie de insuficiencias o anomalías más graves: justificación de actividades realizadas antes de que el órgano de contratación hubiera adjudicado los contratos, facturas sobre las que no hay control de los criterios utilizados para determinar la base imponible, falta de detalle sobre elementos objetivos y que claramente se establecían en las bases de la convocatoria, y no menos importante, falta de acreditación de que el órgano de contratación haya velado por la exigencia de que el precio a abonar sea un precio de mercado?.
Por todo ello, desde Izquierda Unida creen necesaria la puesta en marcha de una Comisión de Investigación ?que dé luz sobre este hecho y aclare entre otros asuntos si finalmente se realizaron las actividades o si las graves deficiencias detectadas por la Junta de Castilla y León son ciertas y que de momento supone la exigencia de devolución de la subvención otorgada en 2011?. Esperan que esta medida sirva para esclarecer ?la responsabilidad sobre las graves deficiencias denunciadas en su día por Izquierda Unida Santa Marta y posteriormente por la administración regional?.
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