Insuficiente impacto de la Ley de Dependencia al compensar sólo el 24% del sobreesfuerzo familiar

Insuficiente impacto de la Ley de Dependencia al compensar sólo el 24% del sobreesfuerzo familiar

El informe de Feaps ‘El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia en España 2014’ llega a la conclusión de que después de seis años de la entrada en vigor de la ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, “ésta ha tenido escaso impacto como instrumento compensador del sobreesfuerzo económico de las familias con una persona con discapacidad intelectual. La familia sigue asumiendo una papel crítico en la calidad de vida”.

A su juicio, las diferencias existentes ponen en riesgo el modelo de atención en la comunidad y en el seno de la familia que, a pesar de ser más económico para las administraciones, está penalizado frente al modelo de atención residencial. “El agravio económico para las familias con una persona con discapacidad intelectual tiene un efecto acumulativo año a año, que acaba incidiendo a corto plazo en la pérdida de capacidad adquisitiva y, a medio plazo, en la descapitalización de las familias. A largo plazo también afecta seriamente la posibilidad de que los familiares puedan percibir pensiones contributivas, al tener que renunciar a trabajar o a hacerlo sólo a tiempo parcial”.

Reconoce Feaps que la aplicación de la Ley de Dependencia ha supuesto una mejora muy relativa en la compensación del sobreesfuerzo económico. La comparativa entre 2008 y 2014, supone que ha compensado sólo el 24% del sobreesfuerzo económico de las familias. Pero la aplicación progresiva del copago “no hace sino aumentar el agravio económico de las familias y dificulta el acceso a los servicios”.

En este sentido, este informe ha permitido contrastar nuevamente que la aplicación de esta Ley está resultando desordenada y muy desigual entre las Autonomías, poniendo en riesgo el principio de igualdad en el acceso a los servicios. “La aplicación de la Ley está siendo poco transparente y no permite realizar una trazabilidad de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo”, concluye Feaps.

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